La comunidad de Madrid exige una mayor asignación de fondos del Estado para el transporte público: 'Solo aporta el 6,3%'.

En un llamado a la acción urgente, la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento al Gobierno Central para que aumente la asignación de fondos destinados al transporte público en la región. Según las cifras actuales, el Estado solo aporta un 6,3% del presupuesto total para el transporte público en la Comunidad de Madrid, lo que se considera insuficiente para cubrir las necesidades de la población. La demanda de más fondos se produce en un momento en que la región sufre una gran congestión en sus vías y una creciente demanda de servicios de transporte sostenible y eficiente. La asignación adicional de fondos se considera crucial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir la contaminación ambiental.

La Comunidad de Madrid exige más fondos del Estado para el transporte público, que solo aporta el 6,3%

La Comunidad de Madrid exige más fondos del Estado para el transporte público, que solo aporta el 6,3%

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reclamó al Ejecutivo central que aclare cuanto antes cuál será el futuro de las ayudas al abono del transporte público más allá del 31 de diciembre, cuando caduca la vigencia de la bonificación que en la región financian a partes iguales la Administración autonómica y el Estado.

La Comunidad reclamó certezas urgentes sobre los fondos coyunturales, aprobados en 2022 dentro del paquete anticrisis por la invasión rusa de Ucrania, y a la vez demandó que se actualizaran los recursos estructurales que destina el Estado al sostenimiento del transporte público madrileño.

Esta no es una reclamación nueva. El Ejecutivo autonómico lleva años pidiendo que se revisen al alza los casi 127 millones de euros que se remiten anualmente vía Ministerio de Transportes al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) porque esta aportación permanece invariable desde hace más de una década.

La aportación del Estado se ha desplomado su peso porcentual en el total de inversión para mantener los medios públicos. Es la más baja de los últimos 14 años, apuntan desde el organismo dependiente de la Consejería de Transportes, en 2010 representaba el 15,13% del total de la financiación del transporte público de la Comunidad y en 2024 tan solo el 6,3%, menos de la mitad.

Las mismas fuentes apuntan que para el ejercicio de 2024, la principal aportación al sostenimiento del transporte madrileño proviene de la Comunidad, que es la titular de estas competencias. De acuerdo con los datos facilitados por el Consorcio, la inversión de la Administración regional se sitúa en 1.610 millones, lo que supone el 80,1% del gasto en este ámbito.

El Ayuntamiento de la capital es el segundo que más fondos aporta, hasta 234,8 millones que representan el 11,6%, mientras que el Estado se sitúa como el tercer contribuyente en volumen de fondos con el mencionado 6,3% que le otorga el envío de 126,89 millones.

La aportación al CRTM ha permanecido invariable desde 2012 a pesar de que la aportación del Estado a la financiación del transporte público nacional se ha incrementado en un 77,6%, aseguran desde el organismo que dirige Pablo Rodríguez Sardinero, que además denuncian que a menos de tres meses para que se acabe el año aún están esperando recibir los fondos correspondientes a 2024.

El repunte de la financiación del Estado en materia de transporte público ha ido a parar a otras comunidades, según el Consorcio, que manifiesta que hay aportaciones que han ido creciendo a lo largo de los años y aluden al caso de Cataluña. Desde el 2016 al 2023 para la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona se ha producido un incremento del 51,3%, apuntan estas fuentes.

En junio del año pasado, desde la Consejería de Transportes madrileña solicitaban un aumento de 38 millones en la partida estatal al transporte público de la región. Hoy por hoy, desde la Comunidad no se ofrece una cifra exacta, pero se expresa que si el Gobierno central siguiese haciéndose cargo del 15% de la financiación global, que es el porcentaje que asumía en 2012, ahora tendría que abonar a la Administración autonómica por este concepto 396 millones de euros anuales, lo que supondría triplicar la transferencia actual.

Ángel Calvo

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