En un impactante comunicado emitido por la Administración Regional, se ha anunciado que la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Rivas para que el municipio sea declarado Zona de Vivienda de Interés Social ha sido rechazada. Esta decisión ha generado un gran malestar entre los vecinos y líderes locales, quienes habían depositado grandes expectativas en esta iniciativa, que pretendía facilitar el acceso a viviendas asequibles para las familias de escasos recursos. La comunidad se pregunta ahora qué razones han llevado a la Administración Regional a tomar esta polémica decisión.
La alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, junto a la concejala de Urbanismo, Yasmin Manji, registró formalmente la solicitud de declaración de zona residencial tensionada ante el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid. Esta petición tiene como objetivo proteger el derecho de la ciudadanía a vivir en la ciudad, ya que los precios del mercado inmobiliario están fuera del alcance de muchos ciudadanos.
La alcaldesa ha declarado que buscamos proteger aún más el derecho de la ciudadanía ripense a vivir en nuestra ciudad, y ha acompañado esta petición con un plan específico de medidas para hacer frente a la situación actual del mercado. Entre otros aspectos, esta estrategia incluye la obligación de una prórroga extraordinaria anual para el arrendamiento tras la finalización de un contrato de alquiler por un período máximo de tres años, o que los nuevos contratos a inquilinos se limite el precio del alquiler a la renta del contrato anterior.
Castillejo ha asegurado que Rivas es una referencia en materia de vivienda pública y protegida, y aspira a seguir siéndolo con la construcción de las 83 viviendas de alquiler joven y el séptimo plan de la empresa municipal de la vivienda. Los técnicos municipales han constatado que la ciudad cumple con los requisitos establecidos en la legislación para ser declarada zona tensionada.
La Comunidad de Madrid rechaza la solicitud
La respuesta de la Comunidad de Madrid a la solicitud de Rivas ha sido un rotundo no. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha asegurado que no se va a hacer porque es una medida que va en sentido contrario a lo que tenemos que buscar. García ha expresado que la Comunidad defiende que las administraciones públicas deben trabajar para que haya más oferta de vivienda y generando seguridad jurídica para que los pequeños propietarios puedan sacarlas al mercado.
La Comunidad considera que la ley de Vivienda estatal no contribuye a estos objetivos, bajo su punto de vista. García ha remarcado que ya se ha demostrado en otros países que no funcionan mecanismos como la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios. La reclamación del Ayuntamiento de Rivas se ha producido el mismo día que Más Madrid y PSOE han pedido al Gobierno autonómico que blinde de por vida la protección de las viviendas públicas para no contribuir a la especulación, unas propuestas que la Comunidad también ha rechazado.
Son recetas trasnochadas, que no funcionan, ha aseverado el responsable de Presidencia, que ha subrayado que este tipo de cambios normativos van contra la seguridad jurídica que tiene que dar una región como Madrid a los inversores en una materia como la vivienda.
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