La FEDea estima que el cupo catalán supondrá un trasvase a la Generalitat de hasta 13.200 millones de euros anuales

La FEDea estima que el cupo catalán supondrá un trasvase a la Generalitat de hasta 13.200 millones de euros anuales

En un informe reciente, la Fundación Española de Estudios Advanced (FEDea) ha presentado una estimación sobre el impacto económico del cupo catalán, que supondrá un importante trasvase de fondos hacia la Generalitat de Cataluña. Según los cálculos de la FEDea, este cupo podría generar un flujo anual de hasta 13.200 millones de euros hacia la autonomía catalana. Esta cifra es considerada como una de las más altas desde la entrada en vigor del sistema de financiación autonómica. El informe destaca que este aumento en la financiación podría tener un impacto positivo en la economía catalana, permitiendo a la Generalitat invertir en áreas clave como la sanidad, la educación y la infraestructura.

La FEDea estima que el cupo catalán supondrá un trasvase a la Generalitat de hasta 13.200 millones de euros anuales

El concierto económico solidario pactado entre PSC y ERC para garantizar el respaldo de los republicanos a la investidura de Salvador Illa supondría el trasvase anual a la Generalitat de entre 6.600 y 13.200 millones de euros que dejarían de ser recaudados por el Estado para pasar a ser gestionados por la Hacienda catalana. Esta es la conclusión a la que llega un informe publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha realizado un cálculo aproximado sobre el impacto que podría tener el cambio en el modelo de financiación de Cataluña.

Son todavía pocos los detalles que han trascendido sobre el cupo fiscal pactado entre PSC y ERC. Por el momento, lo único que se sabe es que, si se cumple lo acordado entre ambas fuerzas, Cataluña saldría del régimen común de financiación para contar con un sistema singular similar al de País Vasco y Navarra. La Generalitat sería quien recaudara y gestionara todos los impuestos estatales pagados en Cataluña y posteriormente aportaría un cupo para financiar los servicios que el Estado siga prestándole, así como una cuota de solidaridad en beneficio de las comunidades con menor nivel de renta.

Un cambio en el modelo de financiación

A la espera de conocer cuáles serán las fórmulas tanto para el cupo como para la cuota de solidaridad, Fedea trata de esbozar su impacto a partir de los cálculos sobre los cuales la Generalitat estima cada año la brecha de recursos entre lo que la comunidad aporta al sistema y lo que recibe del Gobierno central, a pesar de considerar sesgada al alza y muy cuestionable la estimación del Govern. De acuerdo con los últimos cálculos, ese 'desajuste' rondaría los 22.000 millones de euros.

La eliminación de este déficit fiscal de Cataluña con el Estado es una reivindicación recurrente del independentismo y se ha convertido en una referencia para el debate público. Por ello, el informe de Fedea toma este monto de 22.000 millones de euros como referencia y apunta a que es de esperar que el acuerdo entre PSC y ERC reduzca la aportación catalana a la caja común entre un 30% y un 60%, lo que supondría el trasvase neto del Estado hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales.

Impacto en la financiación autonómica

De este modo, la Generalitat elevaría su financiación por habitante entre un 25% y un 50%, situándose claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral. Además, Fedea calcula que extender el cupo fiscal al resto de comunidades de régimen común en las mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones adicionales.

Otro escenario sería que el Estado tomara medidas adicionales para evitar que el resto de comunidades tuvieran que perder financiación. Esto obligaría a reducir el gasto o bien a aumentar la presión fiscal sobre un volumen de contribuyentes que sería menor, ya que la población catalana ya no estaría sujeta a la recaudación directa del Estado.

En ese sentido, si el Estado optase por subir el IRPF para compensar la pérdida de recursos, Fedea estima que tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal. Inevitablemente los recursos disponibles para la solidaridad interterritorial y las políticas sociales de ámbito nacional se reducirán y alguien tendrá que apretarse el cinturón, señala el estudio.