En un golpe contra la ilegalidad y la explotación en el sector turístico, la Generalitat de Cataluña ha ordenado la expulsión de más de 70 pisos turísticos ilegales en la ciudad de Barcelona. Esta medida tiene como objetivo combatir la oferta de alojamiento irregular que se ha generado en la ciudad condal, muchos de ellos ligados a mafias o redes criminales que se han aprovechado de la falta de control y regulación en este sector. La intervención de la autoridad autonómica busca proteger los derechos de los turistas y los vecinos de la ciudad, así como combatir la competencia desleal que estas viviendas ilegales generan en el mercado.
La lucha contra la mafia del turismo: el Ayuntamiento de Barcelona inspecciona viviendas y precinta
La Generalitat de Cataluña ha ordenado la expulsión de más de 70 pisos turísticos ilegales en Barcelona, en el marco de una campaña intensiva de inspecciones llevada a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad. Durante la primera quincena de julio, los servicios municipales inspeccionaron 134 viviendas, de las cuales se corroboró que 75 realizaban actividad turística ilegal.
La mayoría de los pisos inspeccionados están vinculados a mafias o redes organizadas, que llevan a cabo una actividad turística ilegal de forma intensiva y masiva, ya sea alquilando fraudulentamente inmuebles para llevar a cabo la actividad o comprándolos directamente. Estas estructuras mafiosas no solo infringen la normativa administrativa y turística por no disponer de licencia de Vivienda de Uso Turístico (HUT), sino que suelen cometer otras irregularidades.
Irregularidades y delitos cometidos por los grupos organizados
Entre las irregularidades cometidas por estos grupos se encuentran la evasión y fraude fiscal, ya que no pagan los tributos obligatorios, pero cobran tributos de forma fraudulenta como el recargo de la tasa turística. También suelen cometer delitos como engañar a los propietarios del inmueble, incumplir las condiciones del contrato, que estipula que solo se permite el uso de vivienda de larga duración, daños a los espacios comunes de los edificios o molestias al vecindario.
La justicia contra el turismo negro: La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, admite que este tipo de infractores existe y es difícil de perseguir. Sin embargo, el Ayuntamiento está trabajando con cuerpos policiales y otras instancias para actuar con la máxima contundencia y desde todos los frentes posibles y perseguir a estos grupos.
Colaboración con cuerpos policiales y otras instancias
En el marco de la actividad ordinaria de la Dirección de los Servicios de Inspección, este año se han llevado a cabo 1.214 inspecciones, se han dictado 944 órdenes de cese de la actividad ilegal y se han abierto 491 expedientes sancionadores. El Ayuntamiento ha trabajado con cuerpos policiales y otras instancias para atacar las diversas infracciones y acciones delictivas.
La Generalitat desmantela una veintena de redes organizadas de pisos turísticos ilegales en Barcelona. En total, se han inspeccionado 134 viviendas, de las cuales 75 realizaban actividad turística ilegal, y ocho de ellos han sido precintados. Se han generado los correspondientes expedientes de cese de la actividad que, si procede, acabarán precintados, y con una sanción económica que puede ir de 60.000 a 600.000 euros en función del grado de la infracción.
El Ayuntamiento mantendrá tolerancia cero con los pisos turísticos ilegales. Continuaremos persiguiendo la actividad de manera contundente e inflexible, afirma Laia Bonet.
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