La justicia belga ordena embargo a Enaire para cobrar una deuda de 32 millones de euros por arbitrajes renovables

La justicia belga ordena embargo a Enaire para cobrar una deuda de 32 millones de euros por arbitrajes renovables

En un golpe significativo para la empresa española de energía Enaire, la justicia belga ha ordenado el embargo de sus activos para cobrar una deuda de 32 millones de euros relacionada con arbitrajes renovables. Esta decisión judicial tiene como objetivo garantizar el pago de la deuda que se ha generado a raíz de la sentencia emitida en un proceso arbitral. La medida adoptada por la justicia belga supone un revés importante para Enaire, que ya se encontraba en una situación financiera complicada. La empresa española se verá obligada a afrontar esta nueva carga financiera, lo que puede tener implicaciones significativas en su gestión y toma de decisiones.

La Justicia Belga Ordena Embargo a Enaire por Deuda de 32 Millones de Euros

La justicia belga ha dictado una orden de embargo contra Enaire, empresa pública española, para saldar una deuda de 32 millones de euros derivada de arbitrajes renovables.

Esta decisión judicial se suma a las medidas similares adoptadas por los tribunales británicos, que ya habían autorizado el embargo de los ingresos que obtiene el Reino de España por la gestión de control de su tráfico aéreo.

La Deuda Acumulada

La deuda acumulada por el Estado español con la empresa denunciante, Blasket Renewable Investments, asciende a 32 millones de euros. El laudo original era de 28 millones de euros, pero se han acumulado cuatro millones de euros debido a los intereses de demora.

Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso en concepto de condenas en costas. En total, la factura acumulada por esta disputa rondará los 41 millones de euros.

La Abogacía del Estado y la Defensa

La Abogacía del Estado ha gastado unos 70 millones de euros para su defensa en este caso. Sin embargo, la justicia belga ha rechazado la defensa española y ha autorizado el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments.

El juez Degreef ha señalado que los artículos 1412 y 1539 del Código Penal belga abren la puerta al embargo de activos de terceros países. El fallo concluye que el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado.

Otras Decisiones Judiciales

El Tribunal Supremo de Londres también ha decretado órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser atendidas, otorgarán a los afectados la posibilidad de embargar la sede del Instituto Cervantes y la sede de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalidad de Cataluña (Acció), dos propiedades ubicadas en Londres.

Además, en noviembre, los tribunales del Reino Unido avalaron el congelamiento de cuatro cuentas bancarias controladas por distintos organismos públicos españoles, cuyo saldo ronda el millón de euros.

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Australia ha reconocido plenamente las deudas contraídas por España con los denunciantes, abriendo la puerta al embargo de bienes por un monto de 120 millones de euros.

La Situación Actual

En total, España adeuda casi 1.562 millones de euros entre las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las renovables.

Los inversores reclaman al Estado alrededor de 10.000 millones de dólares (9.240 millones de euros) bajo el amparo de los derechos y garantías que brindan diversos tratados internacionales de inversión suscritos por España.

Se espera que, una vez se resuelvan todos los casos, el monto final sea de aproximadamente 2.500 millones de dólares (2.310 millones de euros).

La Reacción del Gobierno Español

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han asegurado que el Reino de España se opondrá a la decisión judicial belga, ya que considera que contraviene la normativa europea en materia de Ayudas de Estado y la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol.

El Estado español ha perdido varios arbitrajes y ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada y el Gobierno español se ve obligado a buscar soluciones para saldar estas deudas.