La justicia condena a nueve años de inhabilitación política a la exalcaldesa de El Puig por delito de prevaricación

La justicia condena a nueve años de inhabilitación política a la exalcaldesa de El Puig por delito de prevaricación

En un fallo sin precedentes, la justicia ha condenado a la exalcaldesa de El Puig a nueve años de inhabilitación política por el delito de prevaricación. Esta sentencia tiene un gran impacto en el ámbito político local, ya que la inhabilitación impide a la exalcaldesa ocupar cualquier cargo público durante casi una década. El delito de prevaricación se refiere a la toma de decisiones arbitrarias y contrarias a la ley por parte de un funcionario público. En este caso, la exalcaldesa fue encontrada culpable de haber tomado decisiones que beneficiaban a terceros en detrimento del interés público. Esta condena es un ejemplo del compromiso de la justicia con la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de derecho.

La justicia condena a la exalcaldesa de El Puig por delito de prevaricación

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a la exalcaldesa de El Puig, Luisa Salvador Tomás (PSPV), a una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

Según la sentencia, la exalcaldesa actuó de manera arbitraria al cesar a una funcionaria que ejercía como interventora del Ayuntamiento sin seguir los procedimientos legales establecidos. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2019, cuando Salvador, tras desavenencias con la funcionaria por las conclusiones de un informe de control financiero, decidió anular el decreto que la designaba como interventora en comisión de servicios.

La funcionaria, procedente del Ayuntamiento de Rafelbuñol, había sido nombrada provisionalmente a la espera de la autorización de la Dirección General de la Administración Local. Sin embargo, la exalcaldesa no justificó su decisión ni siguió los trámites legales requeridos, lo que paralizó el procedimiento y provocó el cese inmediato de la funcionaria el 3 de diciembre de 2019.

La Audiencia valenciana destaca que no se acreditó una causa objetiva para esta decisión y que la actuación de Salvador fue contraria a derecho, tanto en la forma como en el fondo.

Respecto a la desviación de poder en la forma, el tribunal comprueba la existencia de dos irregularidades. La primera se produce por la falta de motivación de la resolución de la alcaldesa por la que acuerda el cese de la interventora que se encontraba en comisión de servicios y, la segunda, deriva de haber dictado el decreto sin sujetarse a procedimiento administrativo alguno, expone la sentencia.

Por tanto, la sala subraya que el cese de un funcionario no puede depender de la voluntad discrecional de un cargo político sin motivo que lo justifique, y que en este caso la resolución fue arbitraria, lo que constituye un delito de prevaricación.