- La justicia desarma una red de trata y explotación sexual que mantenía a 24 mujeres en situación de esclavitud en pisos de citas en diferentes provincias del país
- Policía Nacional desarma red de trata y explotación sexual que mantenía a mujeres en esclavitud
- Modus operandi de la organización criminal
- Explotación sexual y venta de estupefacientes
- Blanqueo de capitales y beneficios económicos
La justicia desarma una red de trata y explotación sexual que mantenía a 24 mujeres en situación de esclavitud en pisos de citas en diferentes provincias del país
En un operativo sin precedentes, la justicia ha logrado desarticular una red de trata y explotación sexual que mantenía a 24 mujeres en situación de esclavitud en pisos de citas ubicados en diferentes provincias del país. Esta organización criminal había establecido un sistema de explotación en el que las víctimas eran sometidas a condiciones de trabajo forzado y explotación sexual, siendo obligadas a realizar servicios sexuales en contra de su voluntad. La intervención policial ha permitido liberar a las víctimas y detener a varios miembros de la organización, poniendo fin a esta red de trata y explotación que había estado funcionando durante meses.
Policía Nacional desarma red de trata y explotación sexual que mantenía a mujeres en esclavitud
La Policía Nacional ha logrado desarticular una organización criminal que explotaba a mujeres en pisos de citas ubicados en diferentes provincias del país, liberando a 24 víctimas de nacionalidad colombiana que eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones deplorables.
Las investigaciones iniciaron gracias a la declaración de una mujer que denunció haber sido víctima de explotación sexual por parte de esta organización criminal. Los agentes detectaron la actividad de este entramado liderado por una ciudadana que, junto con sus familiares directos, operaban a modo de clan familiar, mientras que el resto de integrantes eran ciudadanos de origen latinoamericano.
Modus operandi de la organización criminal
La organización criminal captaba a las víctimas en su país de origen a través de anuncios en portales de internet de contactos sexuales y, ocasionalmente, a través de otras mujeres que habrían estado bajo control de dicha organización. Las mujeres aceptaban las condiciones impuestas debido a su precaria situación económica en origen y con la esperanza de mejorar su situación vital, siendo en muchas ocasiones el único sustento de su núcleo familiar.
Las víctimas viajaban en avión desde su país de origen u otros países de la Unión Europea hacia España, simulando que se trataba de un viaje de turismo, repercutiendo tales gastos sobre ellas en forma de deuda que tendrían que saldar sometiéndose a la explotación sexual del entramado criminal.
Explotación sexual y venta de estupefacientes
El entramado criminal desarrollaba su actividad en al menos seis pisos de citas ubicados en las provincias de Castellón, Madrid, Málaga y Valencia. Cuando las mujeres llegaban a nuestro país eran trasladadas a alguno de esos pisos, donde permanecían por periodos de 21 días, y en el momento en el que los explotadores consideraban que las mujeres se encontraban quemadas en una zona, las desplazaban a otros pisos de citas.
Los propios integrantes de la red criminal concertaban los servicios sexuales con los clientes, ya fuera a través de llamadas telefónicas o de mensajería instantánea, controlando así la cantidad y duración de los servicios. Además, los pisos de citas funcionaban también como puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, y medicamentos sujetos a venta bajo prescripción médica, indicados para el tratamiento de la disfunción eréctil.
Blanqueo de capitales y beneficios económicos
El entramado criminal recaudaba los beneficios económicos, derivados de la explotación sexual y de la venta de esas sustancias estupefacientes y farmacológicas, a través de una plataforma de pago para telefonía móvil. Para blanquear esos beneficios derivados hacían uso de sociedades mercantiles interpuestas a través de las cuales adquirían diversos bienes muebles e inmuebles.
La operación policial ha finalizado con 11 registros domiciliarios en los que se han intervenido 51.730 euros en efectivo, un vehículo, 11 teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, una tablet, 35 gr. de cocaína, 446 gr. de marihuana, 52 gr. de hachís, 23 comprimidos de medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil y una pistola de aire comprimido con munición de plomo. Además, se ha procedido al bloqueo de efectivo y criptomonedas y a la prohibición de disposición de bienes por un valor de 508.367 euros.
En total, 21 personas han sido detenidas en las provincias de Madrid (10), Valencia (5), Castellón (3), La Rioja (2) y Zaragoza (1), entre las que se encuentran los cuatro principales responsables del entramado que han ingresado en prisión provisional.
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