La Justicia inglesa desestima recurso de España contra un laudo de renovables por 120 millones.

La Justicia inglesa desestima recurso de España contra un laudo de renovables por 120 millones.

En un nuevo revés para el gobierno español, la Justicia inglesa ha desestimado el recurso interpuesto por España contra un laudo arbitral que obliga al país a pagar 120 millones de euros a una empresa de energías renovables. Esta sentencia supone un nuevo golpe para las finanzas públicas españolas, que ya se encuentran bajo presión debido a la crisis económica. El laudo arbitral en cuestión se debe a una disputa surgida en 2013, cuando el gobierno español decidió reducir los incentivos a la producción de energía renovable, lo que afectó negativamente a varias empresas del sector. Esta decisión ha sido considerada como una violación del Tratado de la Energía de la Unión Europea.

Tribunal londinense confirma obligación de España a pagar 120 millones en laudo de energías renovables

El Tribunal de Apelación de Londres rechazó este martes un recurso del Gobierno de España que solicitaba la anulación del registro en Inglaterra del laudo arbitral Antin, que obliga al Estado español a pagar 120 millones de euros a inversores afectados por la reducción de ayudas a las energías renovables en 2013.

Estas ayudas fueron implementadas en 2007 y posteriormente recortadas, lo que motivó la demanda de los inversores. El laudo arbitral Antin fue emitido originalmente en 2018 por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), institución dependiente del Banco Mundial.

La justicia inglesa no acepta la inmunidad soberana de España

La corte secundó así el fallo del 24 de mayo de 2023 del juez Peter Fraser del Tribunal Superior, que descartó que España tuviera inmunidad soberana en la jurisdicción inglesa, después de que el grupo inversor Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar -los receptores del laudo Antin- lo inscribieran en este territorio para reclamar su cobro.

Fraser también rechazó que una reciente jurisprudencia de la Unión Europea (UE) revocara las obligaciones adquiridas por España bajo el convenio internacional de arbitraje de 1966 del CIADI y el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) de 1994.

La sentencia establece un precedente importante

El Tribunal de Apelación coincidió con el Superior en que, aunque la UE y España decidieron abandonar el TCE, aún están sujetos a los compromisos inicialmente suscritos. La sentencia deja claro que los Estados contratantes del Convenio del CIADI no pueden invocar la inmunidad estatal en Inglaterra para oponerse al registro de los laudos arbitrales dictados por el CIADI en su contra, ya que se sometieron a la jurisdicción en virtud del artículo 54 del Convenio del CIADI, dijo a EFE Richard Clarke, del despacho jurídico de los demandantes, Kobre & Kim.

La factura de los laudos impagados asciende a 1.900 millones

Con este dictamen, la corte londinense revalida la orden firmada el 29 de junio de 2021 por la jueza Sara Cockerill de registro del laudo, lo que significa que el laudo será considerado como si hubiera sido emitido por las instituciones del Reino Unido a efectos de su ejecución.

La decisión de este martes acerca por tanto a los fondos que en 2011 financiaron las plantas Andasol 1 y 2 en Granada a poder cobrar la deuda. En agosto de 2023, Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar consiguieron una orden provisional de embargo sobre los terrenos en los que se ubica el Instituto Español Vicente Cañada Blanch en Londres, a fin de forzar al Ejecutivo de Madrid a cumplir con la decisión del CIADI.

En otro proceso paralelo aún en curso, obtuvieron además otra orden preliminar para embargar 120 millones de euros de los 855 millones que España podría cobrar si gana un pleito con la aseguradora The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association por el vertido del Prestige en 2003.

Tras su reforma del sistema de primas a la energía renovable, España afrontó 51 arbitrajes en varios países por esta causa, con reclamaciones por unos 10.000 millones de euros y 28 laudos dictados, de los cuales hasta ahora ninguno se ha ejecutado.