En un comunicado oficial, la ministra de Igualdad ha sido clara y contundente en su postura sobre la prostitución, negando categóricamente que se trate de un trabajo como algunos grupos defienden. Por el contrario, la ministra ha calificado la prostitución como una forma de explotación y violencia contra las personas, especialmente las mujeres. Esta postura ha generado un gran debate en el seno de la sociedad, ya que existen grupos que defienden la prostitución como una forma de libertad personal y autonomía, mientras que otros la consideran una forma de esclavitud y opresión.
La ministra de Igualdad niega que la prostitución sea un trabajo, la considera explotación y violencia
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado de manera contundente que la prostitución no es un trabajo, sino una forma de explotación y violencia hacia las mujeres. Esta declaración se produce en un contexto en el que el PSOE ha presentado una proposición de ley para endurecer el castigo del proxenetismo.
Según la ministra, un trabajo es una actividad, pero en el caso de la prostitución, aquí es la persona, es la dignidad, es la esencia, es uno mismo, el que se está vendiendo. Esto, argumenta Redondo, rompe la igualdad, ya que las mujeres dejan de ser sujetos de trabajo y pasan a ser objetos de consumo.
Proposición de ley para endurecer el castigo del proxenetismo
El Congreso de los Diputados decidirá mañana si se debe cambiar la legislación española sobre la prostitución. La proposición de ley del PSOE busca modificar el Código Penal para multar el pago por sexo y castigar con penas de prisión, de dos a cuatro años, a los que alquilen pisos o habitaciones para ejercer la prostitución, conocida como tercería locativa.
Según un informe, entre 25.000 y 30.000 personas se encuentran en situación de prostitución en España. La prostitución es el segundo negocio ilegal que más dinero mueve en España, solo por detrás del narcotráfico, generando cada día cinco millones de euros.
La abolición de la prostitución, un objetivo del Gobierno
El Gobierno, en su parte socialista, busca la abolición de la prostitución, ya que se estima que el 90% de las mujeres que se dedican a ella lo hacen bajo coacción de las mafias. Sin embargo, sus socios de gobierno se oponen a esta medida y defienden la regulación.
La ministra de Igualdad ha asegurado que hay que avanzar de la mano de la sociedad con las que hay que construir, y que sobre todo necesitamos mayorías para lograr este objetivo.
La decisión del Congreso de los Diputados será clave para determinar el futuro de la legislación sobre la prostitución en España.
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