La Organización de las Naciones Unidas condena a España por violar el derecho a un juicio justo de una persona con discapacidad intelectual

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La Organización de las Naciones Unidas condena a España por violar el derecho a un juicio justo de una persona con discapacidad intelectual

En un repudio contundente a la justicia española, la Organización de las Naciones Unidas ha condenado a España por violar el derecho a un juicio justo de una persona con discapacidad intelectual. Este caso senta un precedente inquietante en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España. La ONU ha considerado que el Estado español no ha garantizado el acceso a un proceso justo y equitativo para esta persona, lo que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Esta condena internacional pone en entredicho la capacidad del Estado español para proteger los derechos de sus ciudadanos más vulnerables.

La ONU condena a España por vulnerar derechos de persona con discapacidad intelectual

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha emitido una condena al Estado español por vulnerar el derecho de las personas con discapacidad intelectual a acceder a la Justicia en igualdad de condiciones.

La denuncia fue presentada en nombre de una persona con un 73% de discapacidad intelectual, condenada en 2015 a 25 años de prisión y que actualmente permanece en la cárcel. Según Plena inclusión España, en ningún momento se facilitaron los ajustes de procedimiento que esta persona necesitaba para garantizar su derecho de defensa y a un juicio justo.

La falta de ajustes procedimentales

La falta de ajustes procedimentales

Según los hechos contrastados, ni la policía al detenerle, ni el juzgado al prestar declaración, detectaron que el presunto acusado era una persona con discapacidad intelectual. Sin embargo, cuando esta condición se acreditó ante el juzgado, tampoco se tomó ninguna medida ni se tuvo en cuenta de ninguna forma, a pesar de que Plena inclusión Castilla-La Mancha alertó de esta necesidad.

Recomendaciones del Comité de la ONU

En el documento, el comité de la ONU considera que tanto los jueces como la fiscalía deberían haber actuado de oficio y con la debida diligencia en cuanto se percataron de la discapacidad del autor. Además, indica que el Estado español “debe proporcionar a la persona con discapacidad una compensación por los daños provocados y por los gastos judiciales en que haya incurrido para presentar esta comunicación”.

Asimismo, el Comité establece que el Estado también tiene la obligación de ofrecerle un juicio con todas las garantías, y de asegurar que el acusado disponga de los ajustes procedimentales y apoyos necesarios conforme a la presente decisión y a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, refrendada por España en 2007.

Reacción de Plena inclusión España

Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, calificó de especialmente acertada la petición de la ONU.

La denuncia, presentada por Plena inclusión España al Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2019, fue elaborada de forma conjunta con alumnado de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach, del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid.

Ángel Calvo

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