En un caso que ha generado gran revuelo en la opinión pública, un ciudadano común se ha visto sorprendido al recibir una factura de un bufete de abogados que superaba con creces la cantidad que se esperaba. Lo que inicialmente parecía ser una deuda de 160 euros, se convirtió en una cifra astronómica de 3.586,07 euros, dejando al afectado con la boca abierta. ¿Cómo puede ser que una cantidad tan pequeña se transforme en una deuda tan grande? ¿Cuál es el secreto detrás de la pequeña letra de los abogados? En las siguientes líneas, exploraremos este caso y analizaremos las implicaciones de este tipo de prácticas en la sociedad.
La pequeña letra oculta: ¿Quién debe pagar las costas judiciales en un proceso judicial?
Un reciente informe elaborado por Banqmi, el portal financiero de iAhorro, destaca la importancia de leer la letra pequeña antes de contratar un abogado para interponer una demanda contra una entidad bancaria. El caso de Fernando, un consumidor que ganó un juicio contra una entidad bancaria, es un ejemplo claro de cómo la falta de transparencia puede llevar a problemas financieros.
Fernando contactó con un despacho de abogados publicitado en redes sociales para demandar a la entidad con la que contrató una tarjeta revolving. El anuncio daba a entender que el proceso de demanda sería muy fácil y que podría salir incluso todo gratis. Sin embargo, después de ganar la sentencia, Fernando se encontró con una sorpresa: debía pagar 3.586 euros en un plazo de 20 días.
Contra la corriente: El caso de Fernando, que debía 3.586 euros después de ganar un juicio
El consumidor se sintió engañado por el despacho de abogados, que no le informó sobre las costas judiciales que debía pagar. Nadie me informó que seguiría debiendo el capital que le había prestado el banco inicialmente, explica Fernando. Además, el despacho de abogados le cobró 600 euros de honorarios, 300 euros de procurador y el valor de las costas judiciales, tasadas en 2.508,54 euros.
El experto financiero de Banqmi, Antonio Gallardo, destaca que las costas judiciales deben ser siempre del demandante, a no ser que pacte otra cosa con su abogado en el contrato. Sin embargo, en este caso, la falta de transparencia del despacho de abogados llevó a Fernando a una situación financiera complicada.
Gallardo recomienda que antes de contratar un abogado, es importante calcular los costes fijos y variables, incluyendo los honorarios, el procurador y las costas judiciales. Muchos son los demandantes que no leen lo que firman antes de hacerlo y después se llevan la sorpresa, concluye.
Deja una respuesta