La polémica rebaja de penas a etarras impulsada por PSOE y Sumar desata una tormenta política en el país
La decisión polémica del gobierno de PSOE y Sumar de impulsar una rebaja de penas a los miembros de la organización terrorista ETA ha generado una tormenta política en el país. La medida, que busca reducir la pena de prisión a los etarras condenados por delitos de terrorismo, ha sido recibida con fuerte crítica por parte de la oposición y las víctimas del terrorismo. La polémica iniciativa ha dividido al país, con algunos defendiendo la medida como un paso hacia la reconciliación, mientras que otros la ven como una afrenta a las víctimas y un riesgo para la seguridad. En este contexto, se han generado tensas declaraciones y protestas en las calles, lo que hace que la situación política en España sea cada vez más inestable.
La polémica rebaja de penas a etarras desata una tormenta política en España
Una reforma legal aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de septiembre ha generado una gran controversia política en España. La modificación, impulsada por el Gobierno y Sumar, busca adecuar la normativa española a la legislación europea sobre el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS). Sin embargo, la oposición ha descubierto que esta reforma implicaría la rebaja de penas a casi medio centenar de etarras, lo que ha desatado una fuerte reacción política.
La controversia
El PSOE y Sumar defienden que la modificación solo busca transponer y aplicar la normativa de la UE, mientras que el PP y Vox consideran que el Gobierno falta a la verdad y que la reforma es una jugarreta que busca beneficiar a los terroristas de ETA.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que la aprobación de esta modificación permitiría que 45 miembros de ETA puedan descontar las penas que han cumplido en Francia, y que algunos incluso podrían ser excarcelados en los próximos meses.
La posición del Gobierno y Sumar
El PSOE y Sumar aseguran que la modificación solo busca corregir una discriminación que había en la legislación española, ya que los ciudadanos de la UE pueden disfrutar de beneficios en la ejecución de sus condenas que no tenían los españoles. Nosotros estamos en contra de que los ciudadanos de la UE tengan un tratamiento beneficioso que no tienen los españoles, aseguró Santiago, portavoz de Sumar.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también defendió la reforma, asegurando que solo busca garantizar que se aplique la directiva europea.
La reacción de la oposición
El PP y Vox se han opuesto fuertemente a la reforma, considerando que es una indecente y una jugarreta del Gobierno. El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró que el Gobierno falta a la verdad y que la reforma es una maniobra para beneficiar a los terroristas de ETA.
El PP ha decidido posponer la votación en el Senado para pedir al Gobierno que retire la reforma legal y buscar vías alternativas para blindar a España de la aplicación de esta ley.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se disculpó con la presidenta de la AVT por el error del partido al apoyar inicialmente la reforma.
La controversia política generada por esta reforma sigue en desarrollo, con el Gobierno y Sumar defendiendo la medida y la oposición oponiéndose fuertemente a ella.
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