La revisión de los contratos públicos se descarta en el acuerdo PSOE-Sumar para los Presupuestos

La revisión de los contratos públicos se descarta en el acuerdo PSOE-Sumar para los Presupuestos

En el marco de las nuevas negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, se ha alcanzado un acuerdo clave para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, una de las condiciones fundamentales que se habían planteado como requisito para el apoyo de Sumar, la revisión de los contratos públicos, ha sido finalmente descartada. Esta medida, que había generado polémica y expectación en los últimos días, no forma parte del pacto alcanzado entre las dos formaciones políticas.

PSOE y Sumar descartan la revisión de contratos públicos en los Presupuestos Generales

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha incluido la revisión de contratos públicos en el paquete de propuestas para los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que la CEOE había solicitado acabar con la ley que impide revisar los contratos públicos y repercutir incrementos de costes.

Fuentes de la formación reconocen que son sensibles a esta demanda y que están de acuerdo en que la norma tiene que ser revisada, pero que finalmente no fue incluida en la propuesta que consta de 36 páginas y pone el acento en los problemas de acceso a la vivienda.

El origen de la situación

El origen de esta situación está en dos normas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la crisis financiera, la Ley de Desindexación de la Economía y la de Contratos Públicos. La normativa impide que se lleve a cabo cualquier revisión de costes en los contratos de la Administración Pública y solo se hizo una excepción en el marco de la crisis de precios generada por la invasión de Ucrania, dado el encarecimiento de las materias primas, pero estas condiciones nunca se han llegado a extender a los salarios.

Las empresas y los contratos públicos

Las empresas tienen contratos públicos plurianuales y se encuentran con que a mitad del periodo hay subidas del SMI, de impuestos o de diferentes costes que les hacen atravesar muchas dificultades y en algunos casos llegan a pérdidas, según explica el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo.

Tienen que ser viables a largo plazo porque si no, no habrá ninguna empresa que quiera prestar estos servicios y la que pierde es la sociedad, advierte Izquierdo.

La crítica a la ley de Contratos Públicos

No obstante, el economista cree que esta ley fue un error desde el inicio. La desindexación de los contratos públicos no fue correcta porque si tratas de controlar el IPC, estos acuerdos no tienen ningún efecto, no es lo mismo que otras partidas de la Administración Pública para consumo intermedio que sí podrían tener impacto y además, se pone en peligro la provisión de servicios al saltarse las condiciones del mercado, advierte.

El apoyo de los sindicatos

Los sindicatos también han expresado su apoyo en este aspecto tanto a CEOE en general como a la patronal de construcción, CNC e incluyeron una referencia a expresa a la necesidad de modificar la ley de Contratos del Sector Público en el V Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva firmado en mayo de 2023.

Los representantes de CCOO y UGT creen que la Administración Pública está contribuyendo a precarizar las condiciones de estos trabajadores (en su mayoría mujeres) al no compensar gastos derivados de circunstancias que no pudieran preverse en el momento de la firma.

El futuro de los contratos públicos

Frente a este contexto, algunas empresas optan por acordar revisiones de las condiciones de forma anual para aminorar los efectos de 'atarse' a un contrato público, pero esto no evita que la redacción actual de la norma que regula estos acuerdos ahonde en el problema.

Las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas o Estado) suelen decantarse por los precios más reducidos, por lo que estas compañías ya parten de presupuestos ajustados que no les dejan margen para asumir estos costes.

De 2018 a 2023 el número de contratos que quedaron desiertos se triplicó y pasó de representar el 7,41% de lo licitado al 9,93%, según el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.