En un giro sorprendente en el marco de la crisis energética, los perjudicados por la energía renovable han identificado 4.600 millones de euros en activos españoles que están dispuestos a embargar en un intento por recuperar parte de las pérdidas sufridas. Esta medida drástica se produce después de años de disputas y batallas legales contra el Estado español, que, según los afectados, no ha cumplido con sus compromisos de inversión en la producción de energía renovable.
La identificación de estos activos españoles de gran valor es un paso clave en la lucha de los perjudicados por la energía renovable, que buscan recuperar sus inversiones y compensar sus pérdidas. Esta noticia tiene un impacto significativo en la economía española y en el sector energético, y es necesario seguir de cerca los desarrollos en este caso.
Activos españoles en la mira: millones de euros en peligro de embargo
El Estado español se arriesga a perder activos por valor de miles de millones de euros en caso de no cumplir con los laudos relacionados con el recorte de las primas a las energías renovables. Según Ashley Messick, 'senior managing director' en J.S. Held, se han identificado activos españoles por valor de 5.000 millones de dólares (4.600 millones de euros) en 12 regiones firmantes del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial.
Entre los activos que podrían ser embargados se encuentran bienes inmuebles, participaciones de empresas públicas, derechos de cobro y otros activos financieros en el extranjero. En particular, se ha echado el ojo a la filial de Navantia en Australia, empresa pública española dedicada a la construcción naval civil y militar.
La lucha por la justicia y la compensación
Los acreedores han identificado más de 400 activos españoles en el extranjero que podrían ser embargados en caso de no cumplir con los laudos. Los embargos se producen como forma de compensación ante los impagos de los laudos.
En febrero de 2023, la justicia británica autorizó la incautación de la indemnización reconocida a España por la catástrofe del barco Prestige, un activo financiero valorado en más de 925 millones de euros. Si dicho proceso se zanja finalmente a favor de España, el pago será intervenido y transferido a los inversores renovables.
Órdenes provisionales de pago
El Tribunal Supremo de Londres decretó en abril tres órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser atendidas, otorgarán a los afectados la posibilidad de embargar la sede del Instituto Cervantes y la sede de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalidad de Cataluña (Acció), dos propiedades ubicadas en Londres.
Además, en agosto, los tribunales del Reino Unido emitieron también una orden provisional que abre la puerta al embargo de una propiedad histórica empleada por el gobierno de España como sede de la Escuela Internacional Vicente Cañada y como centro de exámenes de la UNED.
La lucha continúa
En paralelo, hay alrededor de una decena de procedimientos en marcha ante la justicia estadounidense y próximamente se pueden abrir litigios similares en otras jurisdicciones.
Pero España ha conseguido anular tres laudos y ha logrado una victoria importante en el CIADI, que ha exonerado a España de abonar los 175 millones de euros que reclamaban la empresa suiza EBL y la española Tubo Sol PE2 SL.
La batalla por la justicia y la compensación continúa, pero España debe tomar medidas urgentes para evitar la pérdida de activos y proteger sus intereses.
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