La procuradora de VOX registra una iniciativa instando a la Junta de Castilla Y León que solicite al Gobierno de la Nación a paralizar el establecimiento de nuevas tasas o tributos, así como al aumento de los ya existentes a los vehículos y medios de transporte.

Fátima Pinacho, procuradora de VOX en las Cortes de Castilla y León ha registrado una PNL en la que se denuncia que “con casi cuatro millones de españoles en paro y más de cuatrocientos mil en ERTE, el Gobierno de la Nación ha decidido atacar directamente el bolsillo de las familias y de todos los que necesitan desplazarse por carretera para trabajar.”

Para VOX , el Gobierno de España pretende que todos los españoles paguen por algo que ya está gravado a través del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), circulación, o por otros impuestos como es el caso del transporte, tal y afirma que “la Confederación Española de Transporte de Mercancías ya ha dejado claro que el transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones de euros anuales procedentes del pago del impuesto especial de hidrocarburos.”

Desde el partido presidido por Santiago Abascal afirman que “Esta propuesta no es nueva. Durante la primera legislatura del Partido Popular de Mariano Rajoy, ya se planteó implementar un gravamen similar, sin que finalmente llegara a materializarse”.

La coalición de gobierno PSOE y UP dijo llegar para defender la universalidad del acceso a los servicios públicos, aumentar la presión fiscal sólo a los ricos y poner en marcha un escudo social para que “nadie quede atrás”. Ahora, se justifica en la supuestamente tan necesaria y urgente transición ecológica que desincentive el uso de modalidades de transporte contaminantes para llevar a cabo lo que, de facto, será un auténtico ataque el bolsillo de las clases medias y trabajadoras.

Lejos de ser un bien de lujo, la inmensa mayoría de familias españolas, los trabajadores y muy especialmente los autónomos y las empresas de transporte necesitan del acceso en las condiciones más favorables posibles a estas infraestructuras.

Por estas razones ven necesario que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de España reprobando esta decisión en las Cortes, ya que en opinión del partido de Santiago Abascal, “estas medidas sólo buscan satisfacer la voracidad recaudatoria del gobierno y, especialmente, maquillar ante la UE unas cuentas públicas nacionales insostenibles a costa de quitar más dinero a los que lo necesitan más que nunca, en vez de hacerlo a costa del recorte del gasto político ineficaz que mantienen las administraciones a nivel nacional y autonómico.”