La Vicesecretaría Jurídica de VOX ha interpuesto una querella, como acusación popular, contra los autores materiales e intelectuales de las concentraciones celebradas desde el 21 de febrero -ya se presentó querella por los disturbios previos en Madrid, Barcelona, Lérida, Gerona, Valencia y Granada- con motivo de la detención y la entrada en prisión de Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hasel.

Los delitos por los que Marta Castro, vicesecretaria Jurídica de la formación, ha presentado la querella son los contemplados en los artículos 557 a 561 que conforman el Capítulo III del Título XXII del Código Penal, Desórdenes Públicos; delitos de Daños, artículo 263; Lesiones, artículo 147.2; Atentado a la autoridad, artículo 550; y delito de Tentativa de Homicidio, artículos 138 y siguientes del Código Penal.

No obstante, Castro advierte en su escrito de la posibilidad de que «la identificación de los autores, la toma de declaraciones y de la investigación que se acuerde pudiera resultar acreditada la conexión necesaria para su calificación como actos terroristas y/o vinculada a organización criminal», artículos 570 bis y 579 del Código Penal.

El escrito hace también referencia a las noticias que hacen referencia a la organización de la concentración por parte de ARRAN, el Sindicat d´Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y los CDR.

Verdaderas turbas

La Vicesecretaría Jurídica de la formación explica en la querella que a pesar de parecer que habían disminuido los niveles de violencia, la noche del 27 de febrero se produjeron en Barcelona concentraciones violentas «convertidas en verdaderas turbas», donde se procedió a la detención de 14 personas, entre ellas la relacionada con la quema de una furgoneta de los Mossos d´esquadra con un agente en su interior.

Así, Castro ha solicitado como diligencias a practicar que se oficie a la Policía Judicial para recabar los vídeos y noticias relacionadas con los hechos denunciados; la averiguación e identificación de las personas intervinientes en las manifestaciones y de los convocantes de las concentraciones; a remisión de las cámaras de los lugares donde tuvieron lugar las concentraciones para proceder a su estudio para la identificación de los autores de los hechos y se acuerde la investigación en redes sociales de los identificados.

También ha pedido que se oficie al Ayuntamiento de Barcelona para que remita informa sobre los daños en las propiedades privadas y en los elementos urbanos dañados con ocasión de las concentraciones; y, por último, que se oficie a la Generalitat de Cataluña para conocer la financiación pública que recibe la asociación ARRAN, a nivel autonómico y local.