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Desmantelado un piso en Alicante donde se cometían delitos de explotación sexual

En un operativo policial llevado a cabo en la ciudad de Alicante, se ha logrado desmantelar un piso donde se perpetraban delitos de explotación sexual. Es importante destacar que este tipo de delitos es considerado grave y afecta a personas de todas las nacionalidades y géneros. En este sentido, es fundamental abordar este tema con sensibilidad y respeto hacia las víctimas, garantizando su protección y seguridad.

La explotación sexual es un delito que requiere de una respuesta contundente y coordinada por parte de las autoridades, con el fin de proteger a las víctimas y castigar a los responsables. En este sentido, la acción policial realizada en Alicante es un paso importante en la lucha contra este tipo de delitos.

Desarticulada una red de explotación sexual en Alicante: víctimas liberadas y detenidas

La Policía Nacional ha desmantelado una red de trata de personas en la ciudad de Alicante, liberando a 13 víctimas y deteniendo a cinco presuntas proxenetas de nacionalidades española, colombiana y rumana.

Según informó la Policía Nacional en un comunicado, los agentes habían observado un traslado de la prostitución ejercida en los tradicionales clubes de alterne hacia domicilios particulares o casas de citas. Tras tener conocimiento de que en un piso céntrico de la ciudad había mujeres extranjeras presuntamente obligadas a ejercer la prostitución, establecieron un dispositivo especial que terminó por confirmar las sospechas.

La investigación

Los agentes detectaron un trasiego inusual de varones en el edificio donde se encontraba la vivienda investigada, registrada como domicilio social de una empresa de masajes. Además, se hallaron en páginas web y redes sociales anuncios vinculados a la prestación de servicios sexuales que terminaban por conducir hacia ese lugar a los clientes.

Una vez cerciorados los investigadores de que la información que manejaban era completamente fidedigna y, tras identificar plenamente a las presuntas responsables del grupo, se llevó a cabo la explotación de la operación, que se completó en dos fases.

Primera fase: liberación y primeros arrestos

En una primera fase, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro en el domicilio, en cuyo interior localizaron a tres de las personas investigadas que resultaron detenidas y a las mujeres víctimas del delito, mientras que una cuarta investigada fue hallada en otra vivienda de la ciudad.

Las víctimas no solo eran obligadas a ejercer la prostitución las 24 horas del día, durante los siete días de la semana, con solo dos horas diarias para el descanso condicionadas a que no tuvieran que atender a ningún cliente, sino que también presuntamente eran conminadas a vender droga a los usuarios e igualmente a consumirla para aguantar las extensas jornadas e insalubres condiciones de trabajo impuestas por sus proxenetas.

Condiciones de vida inhumanas

A pesar de vivir en el domicilio, las víctimas no tenían habitación asignada, por lo que a veces tenían que dormir hacinadas en la mesa de la cocina, dado que la alta demanda de los servicios sexuales imposibilitaba que pudieran pernoctar en las habitaciones. Las supuestas proxenetas proporcionaban una sábana a cada una, que debían utilizar tanto para dormir como para la práctica de los servicios que realizasen.

Hallazgos

En el registro se intervinieron 18 envoltorios de cocaína de medio gramo cada uno, preparados para su venta, y una bolsa con otros 40 gramos de esta sustancia, además de 2.000 euros en efectivo y diversa documentación que probaba la explotación sexual de las víctimas.

Segunda fase: detención de la cabecilla

Tras la liberación de las víctimas y los nuevos indicios hallados en la vivienda, se obtuvieron contundentes pruebas sobre la identidad de quien presuntamente ejercía de cabecilla del grupo criminal, a su vez dueña del piso, por lo que en una segunda fase fue localizada y detenida en su propio domicilio.

En el domicilio de esta última detenida, los agentes intervinieron alrededor de 50.000 euros y diversa documentación relativa a la explotación sexual de las víctimas. Además, se incluían libretas de contabilidad de las que se pudo inducir que la arrestada llevaría desarrollando esta actividad alrededor de 20 años, durante los cuales habría ganado a costa de sus víctimas unos 500.000 euros al año.

Detenidas y condenas

Las cinco arrestadas por delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, son de nacionalidades española, colombiana y rumana, de entre 27 y 51 años. En cuanto a la supuesta líder del grupo criminal, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, el Juzgado de Instrucción decretó su ingreso en prisión, así como la clausura definitiva del establecimiento.