En un esfuerzo por abordar la problemática de la explotación sexual, el partido político PSOE ha presentado un proyecto legislativo que busca combatir esta forma de violencia y discriminación. El proyecto contempla la implementación de penalidades y sanciones para aquellos que se beneficien de la explotación sexual. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger a las víctimas de la explotación sexual y prevenir que esta práctica siga ocurriendo en nuestro país. A continuación, se presentará un análisis detallado del proyecto y sus implicaciones.
Reforma judicial para combatir la explotación sexual: penalidades y sanciones previstas
La proposición de ley del PSOE busca reformar el artículo 187 del Código Penal para combatir la explotación sexual, incrementando las penas y multas para aquellos que promueven, favorecen o facilitan la prostitución.
Según la proposición de ley, el proxenetismo pasaría a estar penado con condenas de tres a seis años y multas de 18 a 24 meses. Además, se elimina la exigencia de que concurra algún tipo de explotación para castigar a quien promueva, favorezca o facilite la prostitución, lo que se castigará con penas de dos a cuatro años y multas de 12 a 25 aun con el consentimiento de las víctimas.
La reforma también recupera la tercería locativa, imponiendo penas de dos a cuatro años y multas de 18 a 24 meses a quien destine un piso, un local o un establecimiento a favorecer o facilitar la prostitución.
Además, se incluye un artículo para regular las penas para los casos en los que se convenzan la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otras prestaciones. En este sentido, se castigará con multas de 12 a 24 meses a los puteros, que podrán enfrentarse a penas de prisión de uno a tres años y multas de 24 a 48 meses si la víctima es menor de edad o una persona en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a las mujeres en contextos de prostitución, la ley las reconoce como víctimas directas, permitiéndoles tener acceso a todos los derechos de asistencia que se prestan a todas las víctimas de agresiones sexuales en España.
Es importante destacar que, según un informe, se estima que entre 25.000 y 30.000 personas se encuentran en situación de prostitución en España.
La reforma judicial busca combatir la explotación sexual y proteger a las víctimas de este delito. Con estas medidas, se busca castigar a los responsables de la explotación y brindar apoyo a las víctimas.
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