Es importante destacar que la noticia que ha generado gran revuelo en los últimos días no se refiere a una posible intervención de España en un juicio por genocidio en Gaza. Debemos aclarar que Gaza es un territorio palestino ocupado por Israel y no hay un juicio por genocidio a nivel internacional abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre este tema. En lugar de perpetuar la confusión, es necesario reescribir el título para reflejar la realidad. La verdad es que la Corte Internacional de Justicia no ha recibido una petición de España ni de cualquier otro país para investigar posibles crímenes de guerra o genocidio en Gaza. A continuación, profundizaremos en los detalles de esta noticia para ofrecer una visión clara y objetiva de los hechos.
El Gobierno de España se une a la demanda de Sudáfrica contra Israel por el riesgo de genocidio en Gaza
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) los documentos para sumarse a la demanda promovida por Sudáfrica contra Israel por el riesgo de genocidio en la Franja de Gaza.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, España da este paso movida por su responsabilidad como Estado parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y por su firme compromiso con el Derecho Internacional y con la labor de la CIJ.
Compromiso con el Derecho Internacional
El Gobierno español aspira a contribuir a que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio, teniendo en cuenta que conviene avanzar en la solución de dos Estados. A juicio del Gobierno de Pedro Sánchez, ésta sería la única garantía para que los palestinos e israelíes puedan convivir en paz y seguridad y haya estabilidad en toda la región.
En su solicitud, España alude a su condición de firmante de la Convención contra el Genocidio, un acuerdo que, subraya, no es sólo un tratado de Derecho penal. Contiene elementos claramente vinculados a la protección y la salvaguarda de valores fundamentales y principios del Derecho Internacional, entre ellos la protección de la dignidad humana y el principio de la rendición de cuentas, por lo que los países firmantes tendrían obligaciones que trascienden a la persecución penal.
Acusaciones contra Israel
Entre las acusaciones contra Israel, España destaca el bloqueo de la ayuda humanitaria, la destrucción de infraestructuras básicas y las declaraciones vertidas por autoridades israelíes. En particular, se menciona la crisis humanitaria sin precedentes en la Franja de Gaza y el hecho de que el bloqueo impuesto por Israel está derivando en una situación que podría estar contemplada en la citada Convención, en particular el artículo que penaliza destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
La solicitud española también considera útil tener en cuenta declaraciones vertidas por altos cargos israelíes, como la del ahora ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, quien en octubre instó a toda la población civil de Gaza a irse inmediatamente y prometió que no recibirán una gota de agua o una sola pila hasta que se vayan del mundo.
Medidas provisionales de la CIJ
El Gobierno español alude a las medidas provisionales dictadas por la CIJ y en las que hay ya claras instrucciones para que Israel cumpla su obligación de prevención de un genocidio en Gaza. Unas medidas vinculantes, reza el texto, en la que se invita a la CIJ a examinar si efectivamente Israel está incumpliendo uno de los pilares de la Convención al desatender la supuesta prevención.
Con esta acción, España se suma a los países que ya se han unido a la demanda, como Nicaragua, Colombia, Libia, México y la propia Palestina.
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