En una operación policial sin precedentes en la isla de Lanzarote, noventa y nueve personas han sido detenidas por su presunta implicación en redes de tráfico humano y explotación sexual. La investigación, que ha sido calificada como excepcional por las autoridades, ha permitido desarticular una organización criminal que se dedicaba a la trata de personas, incluyendo ocho menores entre las víctimas. La gravedad de los hechos y la cantidad de personas involucradas convierten a esta operación en una de las más importantes llevadas a cabo en España en materia de lucha contra la explotación sexual y el tráfico de personas.
La Guardia Civil detiene a 7 personas en Lanzarote por trata de personas y explotación sexual
En el marco de la operación Guacatal, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y ha detenido a siete personas por este delito, así como por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
11 víctimas rescatadas en una vivienda de Lanzarote donde eran obligadas a ejercer la prostitución. La organización criminal captaba a la mayoría de sus víctimas en Colombia, mediante engaño, beneficiándose de su situación de vulnerabilidad y ofreciéndoles falsas esperanzas de futuro en España.
El grupo criminal sufragaba todos los gastos y trámites necesarios para que las víctimas, captadas tanto en el extranjero como algunas también en España, fuesen trasladadas con seguridad al domicilio de explotación sexual en la isla de Lanzarote.
Previo a iniciar estos traslados, las víctimas eran aleccionadas en los argumentos a utilizar ante posibles controles policiales, valiéndose para ello de cartas de invitación de diferentes países, proporcionadas por la propia organización.
Modus operandi de la organización criminal
Ya en destino, y bajo las órdenes directas de los tratantes, se les retiraban los pasaportes, obligándoles a firmar diferentes contratos en concepto de alquiler de habitaciones compartidas, con el fin de eludir cualquier inspección policial en la residencia de explotación.
Las mujeres eran coaccionadas bajo el pretexto de haber contraído una deuda con la organización al haberlas traído a España, la cual debía ser saldada con grandes intereses mediante la prestación de servicios sexuales.
Además, las víctimas no disponían de libertad de movimiento y eran obligadas a estar en disposición de mantener relaciones sexuales las 24 horas del día, incluso encontrándose en mal estado de salud.
Si no cumplían con las condiciones impuestas por la organización criminal, eran sancionadas con una elevada suma de dinero, aumentando de esa manera, la deuda adquirida con sus tratantes.
También estaban controladas por un amplio sistema de cámaras de video vigilancia y eran obligadas a consumir cualquier tipo de sustancia estupefaciente si el cliente así lo solicitaba, manteniendo un control absoluto sobre las mismas.
Investigación policial
Tras un año de investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudo corroborar la existencia de esta organización criminal basada en una sólida jerarquía con un claro reparto de roles perfectamente definidos en lo relativo a la captación, traslado y explotación final de las víctimas, con disposición geográfica en ciudades como Cali (Colombia), Getafe (Madrid), Elche (Alicante) y Arrecife (Las Palmas), como lugar último de explotación.
Por todo ello, han sido emitidas varias órdenes europeas de investigación, con el fin de ampliar más información relacionada principalmente con las fases de captación y traslado de víctimas procedentes de países extranjeros.
Durante las entradas y registros practicados en las localidades de Getafe, Elche y Arrecife, hay que destacar la intervención de un arma corta, sustancias estupefacientes, diversa documentación que incrimina a la organización criminal con la explotación sexual de las víctimas y dos vehículos de alta gama utilizados para los traslados de las mismas.
La Guardia Civil conmemora este martes 30 de julio el Día Mundial contra la Trata de Personas. La Asamblea General de la ONU estableció esta fecha en 2013 con el propósito de sensibilizar a la población sobre esta grave problemática que ha facilitado la expansión de este delito a nivel global.
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