Òmnium denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas el 'boicot judicial' a la ley de amnistía

Òmnium denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas el 'boicot judicial' a la ley de amnistía

La organización catalana Òmnium Cultural ha presentado una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra del llamado 'boicot judicial' que, según la entidad, está sufriendo la Ley de Amnistía en España. Esta ley, aprobada en octubre de 2022, tiene como objetivo reparar y restablecer los derechos de los ciudadanos que fueron perseguidos y condenados durante la dictadura franquista. Sin embargo, desde su entrada en vigor, ha habido numerosas trabas y obstáculos para su aplicación, lo que ha llevado a Òmnium a acudir a la ONU para denunciar esta situación y solicitar la intervención de la comunidad internacional.

Òmnium denuncia ante la ONU el boicot judicial a la ley de amnistía en España

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el boicot de parte del poder judicial a la ley de amnistía, una situación que impide la aplicación efectiva y rápida de la norma y que, según la entidad, tiene efectos disuasorios entre el resto de la judicatura y entre los represaliados.

Según Antich, esta parte de la justicia española se rige por una doble vara de medir en la aplicación e interpretación de la ley, lo que evidencia la intencionalidad política y parcial que tiene.

Informe sobre la tendencia de aplicación de la normativa

Una de las conclusiones a las que llega el informe presentado por la Sindicatura por la Amnistía es que las maniobras consideradas dilatorias de aplicación de la ley -recursos de inconstitucionalidad, cuestiones prejudiciales a instancias europeas.- provocan que algunos jueces no quieran aplicar la amnistía hasta que los magistrados de rango superior, como los del Tribunal Supremo, apliquen una doctrina unificada.

Por otra parte, los redactores del estudio también han detectado entre las defensas de los investigados que en algunos casos los afectados no ven la utilidad de pedir una medida de gracia que creen que no se les va a aplicar.

Denuncia internacional

Aprovechando el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, Òmnium ha enviado el informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para denunciar internacionalmente estas prácticas que, a juicio de la entidad, aplica la cúpula judicial española.

Estrategia paralizadora

Òmnium denuncia que la estrategia “paralizadora y dilatoria” merma la “confianza” en el sistema judicial español y “perpetúa” la represión política. Antich lo califica de “ataque a la democracia”.

Así, la entidad considera insuficiente e irregular la aplicación de la amnistía desde que la ley ha entrado en vigor. La entidad que preside Antich lo vincula directamente a la oposición de sectores de la derecha y la extrema derecha española, tanto en el ámbito político como judicial.

Causas de la carencia de aplicación

El informe de la Sindicatura señala varias causas por esta carencia de aplicación, incluyendo el silencio de los tribunales ante las peticiones de tramitación, la negativa “arbitraria” de magistrados y jueces a reconocer que ciertos delitos están cubiertos por la Ley, y la presentación de cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional español, que han paralizado los procedimientos y han generado “un laberinto procesal con efectos disuasorios”.

Interpretación del Tribunal Supremo

La entidad también considera arbitraria y contraria a la separación de poderes la interpretación que el Tribunal Supremo hace sobre el delito de malversación, que la ley considera incluido siempre y cuando no haya un propósito de enriquecimiento personal.

Envío del informe a instituciones

Òmnium enviará el informe a instituciones que velan por la defensa de derechos fundamentales como el Síndic de Greuges, el Ombudsman de Europa, la Comisión Internacional de Juristas y el Defensor del Pueblo, con el objetivo de seguir “visibilizando la obstrucción de la judicatura frente al ejercicio de derechos fundamentales”.

1.610 personas amnistiables

Según el informe, existen 1.610 personas represaliadas y amnistiables en el marco del proceso soberanista catalán, 726 de las cuales con causas penales (691) y del Tribunal de Cuentas (35). De estas, 726 se han realizado 330 tramitaciones, con 72 amnistías concedidas, 45 denegadas, 47 en suspensión por las cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales en el TJUE y 166 sobre las que no hay constancia de respuesta judicial. Otros 396 no hay constancia de que se hayan tramitado.

Por lo que respecta a las otras 844 hasta llegar a las 1.610, se trata de personas con sanciones administrativas. Ha habido 32 tramitaciones con 20 amnistías concedidas y 12 desestimadas.