La Administración Pública se enfrenta a un posible escándalo que podría tener consecuencias legales para aquellos que accedieron a preguntas filtradas de la oposición de RTVE. Según fuentes cercanas al caso, se investiga si hubo un delito contra la administración pública al filtrar preguntas de la oposición a determinadas personas. Esto ha generado un gran revuelo en el ámbito político y mediático, ya que se cuestiona la transparencia y la imparcialidad en el tratamiento de la información. En este sentido, se está evaluando si los involucrados podrían enfrentar consecuencias penales por su participación en este posible delito.
Filtración de preguntas en RTVE: ¿Quienes accedieron a la información podrían enfrentar consecuencias legales?
Tras las denuncias presentadas por RTVE y CC OO por la filtración de preguntas y respuestas a la oposición de Información y Contenidos de la corporación pública, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) investiga de dónde partió la filtración de las preguntas.
Sin embargo, la revelación de esa información no sería el único delito que se pudo haber cometido, según un estudio de la World Compliance Association. Quienes tuvieron acceso a las preguntas filtradas podrían enfrentarse a penas de prisión.
Delito contra la administración pública
Hay cientos de trabajadores que han participado, de una u otra manera, en este fraude, estamos hablando de quienes recibieron la filtración, denunció el sindicato CC OO. La sospecha sobre las filtraciones en las oposiciones en RTVE es amplia y se pide una revisión de todos los exámenes.
En ocasiones anteriores, en las que hubo filtraciones en otras oposiciones, el caso llegó hasta la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que condenó a una candidata que se benefició de una filtración en las oposiciones de Facultativo Especialista y Medicina Preventiva y Salud Pública de febrero de 2018.
La opositora que fue condenada por utilizar las respuestas filtradas obtuvo una puntuación final de la relación provisional de aspirantes aprobados de 96,16 puntos, un total de 39,88 puntos superior a la segunda nota más alta. Fue condenada a nueve meses de prisión y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.
El estudio citado recoge que en el caso de RTVE, no hay agravación ni resultado [pues el examen fue suspendido y no llegó a realizarse], pero hay dolo. Según Jesús Odériz, abogado penalista y director de Odériz Echevarría Abogados, quienes recibieran las preguntas y no denunciaran ese hecho [el particular está obligado a denunciar el conocimiento de los hechos], podrían estar en un grado de tentativa del delito contra la administración pública, lo que haría que se redujese la pena de esos opositores en un grado considerable, aunque serían imputables todos y cada uno de ellos.
Aunque es poco probable que se inicien acciones penales contra los opositores que obtuvieron las preguntas, sí podría abrirseles un expediente sancionador administrativo, que les impediría volver a presentarse en las siguientes dos o tres oposiciones.
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