En el marco de la Opera de absorción del BBVA sobre Banco Sabadell, surge una pregunta clave: ¿puede realmente el Gobierno frenar este movimiento estratégico que busca consolidar la posición del BBVA en el mercado financiero español? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la Ley de Ordenación Bancaria, que establece las normas y regulaciones que rigen el sector bancario en España. En este sentido, la intervención del Gobierno en este proceso no es solo posible, sino que es obligatoria, ya que debe velar por la estabilidad del sistema financiero y proteger los intereses de los depositantes y clientes de ambas entidades. ¿Cuál es el margen de maniobra del Ejecutivo en este caso?
El Gobierno español se opone a la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell
Las acciones del Banco Sabadell cayeron un 3,4% en la Bolsa este martes, después de que el BBVA lanzara una oferta pública de adquisición (OPA) hostil para fusionar ambas entidades. Sin embargo, la reacción del Gobierno español no se ha hecho esperar, y ha manifestado su rechazo a la operación.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha valorado que la OPA hostil del BBVA puede tener efectos lesivos potenciales y ha mostrado su desacuerdo con la operación, tanto en la forma como en el fondo. Por su parte, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que hay un marco normativo que permite al Gobierno parar la OPA hostil, y ha anunciado que se va a aplicar.
La Ley de ordenación bancaria en juego
La Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, regula las operaciones de las entidades bancarias españolas y la capacidad de actuación del Gobierno en su regulación. La disposición adicional decimosegunda de esta ley establece los procedimientos de autorización de operaciones de modificación estructurales en el sector bancario.
Según esta ley, el Ministro de Economía es quien tiene la última palabra en la autorización de operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores.
Por lo tanto, es el Ministerio de Economía quien tendrá la última palabra sobre la realización de la OPA hostil del BBVA al Sabadell. En cualquier caso, deberá ser autorizada previamente por el Banco Central Europeo (BCE); el regulador bursátil (la CNMV); la autoridad de competencia (la CNMC), que deberán elaborar informes favorables sobre la misma.
La ley también contempla solicitar informe, si procede, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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