- ¿Qué ocurriría si el Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad el jueves?
- El Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad: ¿qué consecuencias para los presupuestos?
- La senda de estabilidad, un paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2025
- La ley de estabilidad presupuestaria: ¿qué significa rechazar la senda y qué consecuencias tendría?
- El Congreso vota la senda de estabilidad: ¿qué ocurriría si se rechaza nuevamente?
- ¿Qué relación tienen con los presupuestos?
- ¿Quién aprueba la senda de estabilidad y el techo de gasto?
- ¿Qué pasa si las Cortes no aprueban la senda?
- ¿Y si no se aprueban los presupuestos?
- ¿Y qué dice Bruselas?
¿Qué ocurriría si el Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad el jueves?
En un escenario de incertidumbre política, el país se pregunta qué consecuencias tendría si el Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad presupuestaria el próximo jueves. La estabilidad económica del país está en juego, y la indecisión política puede generar una inestabilidad financiera que afecte a todos los ciudadanos. La senda de estabilidad es clave para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y su rechazo podría provocar un aumento de la deuda pública y una pérdida de confianza en la economía española. En este sentido, es fundamental que los diputados tengan en cuenta las consecuencias de sus decisiones y trabajen en busca de un acuerdo que garantice el futuro económico del país.
El Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad: ¿qué consecuencias para los presupuestos?
El Congreso de los Diputados vuelve a votar este jueves la senda de estabilidad, un paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2025, que todo apunta a que volverá a ser rechazada por la mayoría de PP, Vox y Junts.
La senda de estabilidad, un paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2025
La ley de estabilidad presupuestaria tiene que ser compatible con los presupuestos y con el cumplimiento de las metas de déficit, deuda y gasto. La aprobación de esta ley sería el paso previo a la elaboración de los próximos presupuestos.
La ley de estabilidad presupuestaria: ¿qué significa rechazar la senda y qué consecuencias tendría?
La senda de estabilidad es un documento que recoge los objetivos vinculantes de déficit público, deuda pública y regla de gasto para los siguientes tres años (en este caso, 2025-2027), unas metas que tienen que estar en línea con lo acordado con la Comisión Europea.
Además de los objetivos globales (para todo el país), la senda reparte esos objetivos por subsectores -administración central, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales-, unas metas que también son vinculantes (en este caso, a nivel interno) y que condicionan los presupuestos de cada administración.
El Congreso vota la senda de estabilidad: ¿qué ocurriría si se rechaza nuevamente?
Si la senda de estabilidad es rechazada, la ley de estabilidad presupuestaria solo dice que el Gobierno tiene que presentar una nueva en el plazo de un mes, pero no aclara qué sucede si esta segunda también es rechazada.
Un informe de la Abogacía del Estado defiende que en caso de que las Cortes rechacen ambas sendas se tienen que utilizar los objetivos incluidos en el programa de estabilidad remitido a Bruselas.
¿Qué relación tienen con los presupuestos?
La ley de estabilidad presupuestaria establece que los presupuestos de las distintas administraciones tienen que acomodarse a los objetivos de estabilidad, es decir, que tienen que ser compatibles con el cumplimiento de las metas de déficit, deuda y gasto.
Esto supone que los objetivos de estabilidad presupuestaria son un paso previo a la elaboración de los presupuestos, ya que determinan cuánto pueden aumentar su gasto, cuánto déficit pueden tener como máximo (lo que condiciona tanto el gasto como los ingresos) y cómo debe evolucionar la deuda (lo que condiciona el déficit).
¿Quién aprueba la senda de estabilidad y el techo de gasto?
La senda de estabilidad es propuesta por el Ministerio de Hacienda y aprobada por el Consejo de Ministros una vez que cuenta con el aval del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a las comunidades autónomas, y de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que representa a las corporaciones locales.
¿Qué pasa si las Cortes no aprueban la senda?
En caso de que las Cortes rechacen la senda, la presentación de presupuestos es una obligación constitucional que no puede ser obviada por las eventualidades que se deriven de la aplicación de una norma de rango inferior, según un informe de la Abogacía del Estado.
En cualquier caso, los tres últimos presupuestos de 2021, 2022 y 2023 se presentaron ya entrado octubre y, con una tramitación algo acelerada, entraron en vigor a tiempo.
¿Y si no se aprueban los presupuestos?
En caso de que finalmente el Gobierno no presente los presupuestos o lo haga y estos sean vetados en el Congreso, tendrían que prorrogarse de nuevo las cuentas de 2023, que son las que están vigentes actualmente.
Una nueva prórroga dificultaría la ejecución de ciertas partidas aunque, como apuntaba esta semana la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, los gobiernos siempre encuentran algún mecanismo para gastar más de lo que te limita el presupuesto.
¿Y qué dice Bruselas?
La Comisión Europea vigila los compromisos fiscales a nivel global de país, sin discriminar por subsectores, que es lo que hace la senda de estabilidad. Sin embargo, con la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales el Gobierno tiene que presentar un plan fiscal estructural en el que defina cómo va a corregir los desequilibrios en los próximos años -algo que prevé hacer el próximo 15 de octubre-, un compromiso que tendría que reflejarse ya en el presupuesto de 2025.
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