Reescribo el título de la noticia: La Justicia se enfrenta a un nuevo desafío: proteger a las personas trans de la violencia machista y hacer que los

Reescribo el título de la noticia:

En un esfuerzo por promover la inclusión y el respeto, es hora de abordar un tema fundamental en la lucha por la igualdad: la protección de las personas trans contra la violencia machista. La Justicia se enfrenta a un nuevo desafío: garantizar la seguridad y el bienestar de esta comunidad, históricamente marginada y vulnerable a la agresión. Es fundamental hacer que los agresores rindan cuentas por sus acciones y erradicar la impunidad que ha permitido que esta violencia persista. En este sentido, es crucial reescribir el título de la noticia para utilizar un lenguaje que respete la identidad y la dignidad de las personas trans.

La justicia se enfrenta a un nuevo reto: proteger a las personas trans de la violencia machista y hacer que los agresores no queden impunes

La libre autodeterminación de género reconocida en la ley trans ha provocado que algunos hombres intenten aprovecharse de la eliminación de los obstáculos a la hora de cambiar el sexo en el Registro Civil, pensando que pueden beneficiarse en las condenas por violencia de género.

El fraude de ley: un nuevo desafío para la justicia en el caso de las personas trans

El último caso en trascender ha sucedido en Sevilla, donde un hombre condenado a 15 años de prisión por agredir a su pareja ha conseguido aplazar su condena al cambiarse de sexo un día antes de dictarse su sentencia, lo que ha obligado al Juzgado de Violencia de Género a inhibir el caso, puesto que, hasta que no se demuestre un fraude de ley, deja de ser de su competencia.

También ha hecho saltar las alarmas el caso de un ertzaina detenido por intentar agredir a su mujer después de haberse cambiado de sexo. La Fiscalía ya ha avanzado que investigará un posible fraude de ley en la petición de cambio registral, ya que en este caso el acusado sería juzgado por violencia doméstica y no por violencia machista, lo que implica penas algo más leves.

La lucha por la libertad de género: un equilibrio delicado entre derechos y responsabilidades

Ambos casos son, sin embargo, diferentes. La ley trans aprobada en 2023 establece que la rectificación de la mención registral en ningún caso deja sin efecto aquellos delitos cometidos con el anterior sexo registrado. Dicho de otro modo: cambiarse de sexo después de cometer un delito no elude ser condenado por él según el género que constase al incumplir la ley, como es el caso de Sevilla.

La diferencia entre ambos casos reside, por tanto, en el momento en el que se cometió el delito. El ertzaina decidió cambiarse de sexo meses antes de intentar agredir a su mujer, lo que le beneficia, en el sentido de que, en principio, debería ser juzgado como mujer y, por tanto, no condenado por violencia machista.

La justicia y la ley trans: un equilibrio precario ante el posible fraude

Aun así, los expertos consultados por este periódico insisten en trasladar un mensaje de tranquilidad, ya que una vez se conocen estas triquiñuelas, es cuando la justicia entra a investigar y demostrar que se está haciendo un uso fraudulento de la ley.

Creo que empezará a plantearse esto como el tema del matrimonio. Hay que investigar las circunstancias periféricas, ver si esa persona se ha comportado como mujer alguna vez, e iniciar un procedimiento civil para anular ese cambio de sexo si se acaba concluyendo que hay fraude de ley, detalla Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género en la Comunidad Valenciana.

No se trata tampoco de algo extraordinario. Siempre hay personas dispuestas a intentar engañar a la justicia en beneficio propio. No existe fraude de ley sin ley. Y no hay ninguna ley que sea inmune al fraude, cuenta Glòria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y cofundadora de la 1ª Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE).

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, se pronunció este jueves al respecto, asegurando que, de los casi 6.000 cambios de sexo realizados en este año, el porcentaje de personas que han conseguido burlar la ley es muy pequeño: en torno a un 0,001%, según explicó.

Y esas personas van a tener que responder por delitos que no son menores. Y probablemente su situación se complique todavía más. El fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico: ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra, subrayó.

Con todo, coinciden los tres en que todo este mal uso de la ley no hace más que perjudicar, en primer lugar, a las víctimas; y, en segundo, a todo el colectivo feminista y LGTBI que tanto reivindicó la necesidad de contar con ambas leyes. Se están burlando de todo lo que hemos conseguido luchando, denuncia Susana Gisbert.