En un importante paso hacia la modernización del sistema de seguridad social, se avecina el inicio del diálogo social entre las partes involucradas para abordar la implementación de las bajas flexibles. Según fuentes oficiales, este proceso tendrá lugar a partir del próximo lunes, con el objetivo de establecer un marco de referencia para la aplicación de esta nueva medida. La implementación de las bajas flexibles busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiéndoles disfrutar de un mayor equilibrio entre su vida laboral y personal. En este sentido, se busca alcanzar un acuerdo consensuado entre los representantes de los trabajadores, empresarios y la administración pública, para garantizar el éxito de esta iniciativa.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reúne este lunes con los agentes sociales para iniciar las negociaciones en torno a la incapacidad temporal, tras las declaraciones del Gobierno en las que se planteaba la posibilidad de implementar bajas flexibles para determinados supuestos.
Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social, presidirá una mesa de trabajo en la que también participarán los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme. Durante estas reuniones se valorarán varios puntos de la reciente reforma de la Seguridad Social.
Al cerrar el último acuerdo para la reforma del sistema de pensiones, el Ejecutivo acordó con los agentes sociales volver a reunirse para revisar la evolución de la incapacidad temporal y a realizar una valoración de las posibles mejoras que se pudieran establecer.
Entre ellas, estaría esta propuesta que realizó la semana pasada la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cuando planteó la posibilidad de dar más flexibilidad en algunos supuestos de baja laboral que permitan incorporarse a la actividad laboral.
Como ejemplos, la ministra mencionó los procesos de incapacidad temporal en personas en tratamiento por cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones pero no en la otra.
La propuesta generó revuelo entre los sindicatos, que afearon al Gobierno las formas, puesto que no se les había planteado dicha propuesta en el marco de la mesa de diálogo social, al tiempo que mostraron su preocupación y advirtieron de que no permitirán que se vean amenazados los derechos de los trabajadores.
También provocó malestar en el seno del Gobierno, así como entre otros socios habituales del Ejecutivo como EH Bildu.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que los trabajadores deben saber que cuando estén enfermos van a seguir protegidos.
España va a seguir manteniendo sus niveles de protección, sobre todo porque son derechos fundamentales en los que se cotiza para tener protección social adecuada, dejaba claro.
La ministra de Inclusión ha asegurado en varias ocasiones en los últimos días que su propuesta de bajas laborales flexibles está pensada para ampliar y extender los derechos de los trabajadores, en ningún caso dar un paso atrás, y siempre bajo la supervisión de un médico que es quien tiene la última palabra.
La intención del Ministerio es analizar lo que se hace en otros países del entorno europeo, como Francia o los países nórdicos, y ver si hay experiencias trasladables desde la extensión de derechos, apuntaba Suárez estos días.
El año pasado se concedieron en España más 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, un 11,3% más que el año anterior, y representaron un impacto para las empresas de 25.326 millones, un aumento del 17,65% respecto a 2022, según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
En los cinco últimos años, el coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha aumentado un 73,9%, algo que responde al incremento de los procesos de baja, pero también al crecimiento generalizado de los salarios y de la población protegida consecuencia de la mejora del empleo.
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