Títulos y matices de la regulación del alquiler temporal propuesta por el Ejecutivo
En un esfuerzo por proteger los derechos de los inquilinos y fomentar la oferta de viviendas en alquiler, el Ejecutivo ha presentado una nueva regulación del alquiler temporal que busca equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos. Esta iniciativa surge en un contexto de creciente demanda de viviendas en alquiler y preocupación por la especulación inmobiliaria. La propuesta del Ejecutivo establece nuevos límites para los precios del alquiler, mayores garantías para los inquilinos y incentivos para los propietarios que alquilen sus viviendas. A continuación, se presentan los títulos y matices clave de esta regulación que busca revolucionar el mercado del alquiler temporal en el país.
Ampliación del alquiler temporal: Ejecutivo impulsa regulación para controlar fraude y proteger inquilinos
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España ha anunciado que impulsará a través de un real decreto urgente la ampliación del artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular la formalidad de los alquileres temporales. La ministra Isabel Rodríguez ha asegurado que el objetivo de la medida es controlar un fenómeno que está tensionando el mercado del alquiler regular, al darse casos de fraude para tratar esquivar las medidas de la nueva Ley de Vivienda.
La ministra ha explicado que se tratará de acotar la temporalidad del contrato a una causalidad concreta, ya sea estudiantes, contratos de investigadores u otros supuestos, que será necesario fundamentar por medio de documentos oficiales (como contratos de trabajo o matrículas de estudio) antes de firmar un contrato de este tipo. De esta manera, se busca garantizar el alquiler temporal para las causas que se prevé, relacionando la temporalidad del contrato con su causa.
Además, la ministra ha comunicado que los contratos de arrendamiento deberán registrarse en una plataforma común ya anunciada por el Ejecutivo, en la que también se incluirán otras modalidades como los turísticos, de habitaciones o flotantes.
Reacciones del sector inmobiliario
El sector inmobiliario ha celebrado la medida, que avanza en su reivindicación de una regulación más clara y estable en el sector que permita tanto a inversores como a propietarios e inquilinos actuar en el mercado en condiciones de plena información y seguridad.
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España ha recalcado la importancia de no modificar la regulación y en su lugar apostar por un despliegue de la ley que permita darle un marco seguro a los contratos temporales.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) ha anunciado que trabajará con el Ministerio en el desarrollo de la regulación para los arrendamientos temporales, después de haber participado en la reunión del grupo de trabajo para el mismo celebrada este miércoles. La patronal ha incidido en que es necesario establecer una diferencia legal clara entre alquileres de larga duración y temporales que proteja tanto a propietarios como a inquilinos y evite una distorsión al alza de los precios.
Criticas de los Sindicatos de Inquilinas
Por otro lado, los Sindicatos de Inquilinas se han mostrado insatisfechos con la medida, que tachan de ineficaces, perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos.
Consideran que la medida permite a los propietarios que puedan acogerse estos contratos continuar cobrando honorarios y establecer fianzas más elevadas. Además, señalan que expulsa a los inquilinos que no pueden justificar la temporalidad pero no han podido acceder a un alquiler habitual.
Denuncian también la falta de inclusión de los alquileres de habitaciones, que según sus propuestas se deben homogeneizar en derechos a los habituales.
En junio pasado, los Sindicatos de Inquilinas presentaron una propuesta propia de modificación de la LAU en la que exigían la equiparación de derechos entre los inquilinos con arrendamientos temporales y aquellos con contratos de vivienda habitual, estableciendo además una presunción de habitualidad si no se demuestra otra vivienda principal del inquilino. Además, exigían la conversión automática de un alquiler temporal en habitual en el momento en el que se renueve el contrato con el mismo inquilino.
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