Tribunal Constitucional anula disposición de la ley catalana de vivienda que obligaba a ofrecer alquiler social antes de desahuciar a un inquilino

Tribunal Constitucional anula disposición de la ley catalana de vivienda que obligaba a ofrecer alquiler social antes de desahuciar a un inquilino

En un importante fallo, el Tribunal Constitucional ha decidido anular la disposición de la ley catalana de vivienda que establecía la obligatoriedad de ofrecer alquiler social a los inquilinos antes de proceder a su desahucio. Esta medida, que forma parte de la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de vivienda, había generado un intenso debate en el ámbito político y social. La sentencia del Tribunal Constitucional supone un revés para la Generalitat de Cataluña, que había defendido la norma como una herramienta para proteger a los inquilinos más vulnerables. A continuación, se analizarán las implicaciones de esta decisión y las posibles consecuencias para el mercado inmobiliario y los afectados.

Tribunal Constitucional anula disposición de la ley catalana que obligaba a ofrecer alquiler social antes de desahuciar

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales varios artículos clave de la ley aprobada en 2022 por el Parlament de Cataluña para frenar la emergencia habitacional. Entre ellos, se encuentra la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales o de desahucio.

El pleno del TC ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP, si bien ha rechazado la queja dirigida contra la totalidad de la ley por motivos competenciales. Según ha informado el TC en un comunicado, esta resolución no afectará a las situaciones ya consolidadas, de forma que la inconstitucionalidad y nulidad solo tendrá efectos de cara al futuro.

Artículos inconstitucionales

El pleno, con el voto particular de cinco de los magistrados, ha declarado inconstitucional el artículo 1.3 de la ley de marzo de 2022 del Parlament, que establece como causa de incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda o un edificio de viviendas la contravención de la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial.

También anula parte del artículo 12, que hace extensiva la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales a cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria y a determinadas demandas de desahucio y prevén la interrupción de los procedimientos iniciados en los que no se haya acreditado la formulación de la oferta de alquiler social.

Otras disposiciones inconstitucionales

El pleno del tribunal de garantías también ha declarado inconstitucionales por vulnerar la competencia estatal varios preceptos de la ley catalana, como el artículo 11, que contempla la renovación de los contratos de alquiler social por una sola vez cuando finalicen.

Además, el TC ha anulado el artículo 7, que impone al adquiriente de una vivienda una especie de responsabilidad objetiva que le obligaría a responder por hechos ajenos, en contra del principio de culpabilidad derivado del artículo 25.1 de la Constitución.

Antecedentes

La ley aprobada en 2022 recuperaba medidas anteriormente tumbadas por el TC, como la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales a quienes ocupen sus inmuebles, entre otras medidas para frenar la emergencia habitacional.

La ley contó con el apoyo de ERC, JxCat, CUP, PSC-Units, comunes y entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que trataba de subsanar los errores de la normativa de vivienda aprobada en 2019 y que fue tumbada por el TC al entender que vulneraba el derecho a la propiedad e incluía medidas que no pueden imponerse mediante decreto ley porque son coactivas, no voluntarias.

Tras la aprobación de esta ley, el PP ya anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad ante el TC.

Reacciones

No se han registrado reacciones oficiales del Parlament de Cataluña ni del Gobierno catalán sobre la sentencia del TC.

En cuanto a la inversión en viviendas públicas, Illa ha anunciado la inversión de 4.400 millones de euros para construir 50.000 viviendas públicas.