Un juez investiga al empresario que donó 100.000 euros a un político por ejercer de asesor fiscal sin título ni experiencia

Un juez investiga al empresario que donó 100.000 euros a un político por ejercer de asesor fiscal sin título ni experiencia

En un caso que ha generado gran polémica y escándalo político, un juez ha decidido investigar a un empresario que donó 100.000 euros a un político prominente. La investigación se centra en la sospecha de que el empresario, a cambio de esta generosa donación, se benefició de una influencia indebida y ejerció como asesor fiscal sin poseer el título ni experiencia necesarios para desempeñar este cargo. Esta situación ha generado un gran debate sobre la transparencia y ética en la política y la relación entre empresarios y políticos. El juez deberá determinar si hubo un delito de tráfico de influencias y si el empresario se benefició de manera indebida de su relación con el político.

Juez investiga a empresario que donó 100.000 euros a político sin título ni experiencia

Un juzgado madrileño ha admitido una denuncia colectiva contra Álvaro Romillo, cabecilla de la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, por intrusismo profesional al haber prestado servicios de asesoría financiera sin titulación.

Según el auto fechado el pasado 4 de octubre, el juzgado de instrucción número 25 de Madrid acuerda abrir diligencias y dirigirse a la Fiscalía para que se pronuncie. La denuncia data del pasado 29 de septiembre y en ella, el bufete Aránguez Abogados señala que a varios de los afectados, Hacienda les está exigiendo una regularización tributaria.

Denuncia colectiva por ejercicio ilegal de asesoría fiscal y estafa piramidal

Álvaro Romillo se ha dedicado a publicar vídeos a través de su perfil en TikTok (@criptospain), que contaba con más de 212.000 seguidores, normalmente relacionados con la elusión fiscal y la inversión en criptomonedas, prevaliéndose de su falsa condición de experto en materia fiscal y tributaria para generar sensación de seguridad en los usuarios de dicha plataforma.

La Audiencia Nacional investiga ya, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, a Romillo por estafa, tras las denuncias presentadas por la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.

El titular del juzgado central de instrucción número 4, José Lis Calama, apreció con meridiana claridad hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa; además, como el perjuicio denunciado por las acusaciones ascendería a más de once millones de euros, por encima del mínimo requerido, es competencia de la Audiencia Nacional.

Entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales

Se trata, según el juez, de un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, cuya instrucción requerirá previsiblemente comisiones rogatorias internacionales.

La cifra de afectados podría superar los 27.000, y en cuanto al importe defraudado, si bien solo constan de momento los once millones de euros citados, en total podría superar los 300.

Denuncia contra Alvise Pérez por cobro de 100.000 euros

Álvaro Romillo presentó ante la Fiscalía General del Estado una autodenuncia en la que admitía haber entregado al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) 100.000 euros para publicitar su plataforma.

Tras conocer estos hechos, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas amplió su denuncia inicial para solicitar que el juzgado se inhibiera en favor del Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado y, por tanto, de aforado.

El fundador de Madeira Invest, Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como CriptoSpain, se anunciaba como experto en elusión fiscal, y con este argumento logró convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50%, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.

Para acceder al club era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, que posteriormente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas.

Desde el bufete Aránguez aprecian que la decisión del juzgado madrileño ayuda enormemente al procedimiento de recuperación de capital de los afectados.