En un inicio de año lleno de polémica y debate, un juzgado español ha abierto la puerta a la posibilidad de conceder la amnistía a un grupo de guardias civiles imputados por torturas a un militante de la Coordinadora de Defensa de la República (CDR), quien actualmente se encuentra procesado por terrorismo. Esta decisión ha generado un gran revuelo en la opinión pública, ya que implica un posible olvido de los delitos cometidos y un menosprecio a las víctimas de la violencia. La comunidad se encuentra dividida en cuanto a la conveniencia de esta medida, que puede tener serias consecuencias políticas y sociales. En los próximos días, se espera que se conozcan más detalles sobre este caso y su posible impacto en la sociedad española.
Juzgado de Sabadell plantea amnistía para guardias civiles acusados de torturar a militante de CDR
Un juzgado de Sabadell ha planteado la aplicación de la amnistía a guardias civiles después de que la Audiencia Provincial ordenara que se investigara una querella por torturas a uno de los miembros del Comité de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional.
La denuncia fue interpuesta en contra de los policías que detuvieron a Jordi Ros, uno de los CDR procesados, al considerar que eran hechos graves que podían suponer una vulneración de derechos.
Providencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell
El 18 de junio, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell dictó una providencia, notificada un mes más tarde, el día 11 de este mes.
Fue entonces cuando se dio traslado a las partes para que se pronunciaran ante la posibilidad de aplicar la ley de amnistía al procedimiento.
Reacción de la defensa del CDR
Según ha informado Alerta Solidària, la defensa del CDR que denuncia las torturas ya ha presentado un escrito en el que solicita que la causa no se archive y que el juzgado cite de forma inmediata a declarar a los agentes identificados.
Antecedentes del caso
La sección tercera estimó el recurso presentado por Jordi Ros, uno de los CDR procesados, y ordenó al juzgado que admitiera a trámite su querella, dirigida contra 11 agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron y lo custodiaron en su traslado hasta la Audiencia Nacional.
El juez de Sabadell que recibió la querella ordenó una serie de diligencias para esclarecer los hechos denunciados, aunque se declaró incompetente para investigar los hechos sucedidos fuera de su partido judicial.
Críticas a la providencia
En un comunicado, la organización jurídica ha denunciado que la providencia es una nueva maniobra dilatoria, una nueva actuación que solo persigue frustrar toda la investigación sobre las torturas y las vulneraciones de derechos fundamentales.
Además, Alerta Solidària ha subrayado que la ley excluye expresamente la posibilidad de amnistiar los delitos de torturas.
Postura de la Audiencia Nacional
La Audiencia, por su parte, subrayó en su auto que los hechos podían constituir un delito de tortura y contra los derechos fundamentales cometidos por los agentes de la autoridad y por ello deben ser investigados, como reiteradamente señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y nuestro Tribunal Constitucional.
Es importante destacar que al menos 27 personas han sido ya beneficiadas por la ley de amnistía al 'procés'.
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