Un juzgado de Ceuta declara 'ilegales' las devoluciones en caliente de migrantes que intentan entrar a España por el mar de Ceuta
En un hitazo a la política migratoria española, un juzgado de Ceuta ha declarado ilegales las devoluciones en caliente de migrantes que intentan entrar a España por el mar de Ceuta. Esta sentencia histórica supone un giro radical en la forma en que se abordan las llegadas irregulares de migrantes a las costas españolas. Según la resolución judicial, las devoluciones en caliente violan los derechos humanos y el derecho de asilo, y obligan a las autoridades a revisar su política migratoria. Esta noticia ha generado un gran impacto en la opinión pública y ha sido recibida con alegría por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Juzgado de Ceuta declara 'ilegales' devoluciones en caliente de migrantes en el mar
Un juzgado de Ceuta ha declarado como ilegales las devoluciones de migrantes en el mar, a raíz de una denuncia presentada por dos organizaciones en contra de esta práctica en la frontera de Ceuta.
Según un comunicado conjunto de las asociaciones denunciantes, el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Ceuta ha dictado dos sentencias sobre la figura jurídica del rechazo en frontera, comúnmente conocida como devolución en caliente.
La práctica cuestionada se refiere a la devolución de migrantes interceptados por la Guardia Civil en el mar mientras trataban de acceder a la costa ceutí, y posteriormente devueltos a Marruecos sin haber podido tener asistencia letrada ni intérprete.
Las asociaciones denunciantes, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes, argumentan que esta práctica es ilegal ya que la ley de protección de la seguridad ciudadana establece que el rechazo en frontera solo está previsto en el perímetro de la valla, y no en el mar, islotes, archipiélagos o en el centro de la ciudad.
El juez se posiciona en sus recientes sentencias confirmándole a la Administración que este rechazo de naturaleza tan excepcional solo está previsto en el perímetro de la valla y recordando que en el resto de ubicaciones deberá emplear el procedimiento de devolución ordinaria con todas sus garantías.
Las resoluciones no son firmes todavía, pero suponen un avance en el reconocimiento de la irregularidad de estas prácticas y de los derechos que tienen las personas que acceden a territorio español.
Las organizaciones exigen el cese de esta práctica, reclaman el reconocimiento de todas las garantías procedimentales a las personas extranjeras y recuerdan que el control de fronteras es una responsabilidad del estado que debe ejercerse con pleno respeto a los Derechos Humanos.
Esperamos que esta sentencia sea un paso hacia la protección de los derechos de los migrantes y hacia una política de fronteras más justa y respetuosa con la dignidad humana.
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