En un nuevo triunfo para la Defensa, la Audiencia ha fallado a favor del Ministerio de Defensa en el juicio contra Indra y sus socios, imponiendo sanciones por los retrasos en el contrato 8x8. Esta victoria judicial supone un importante logro para la institución, que ha luchado por proteger los intereses del Estado en este contrato. El contrato 8x8, firmado en 2016, tenía como objetivo modernizar la comunicación de las Fuerzas Armadas, pero debido a los retrasos y demoras, el Ministerio de Defensa decidió tomar medidas legales contra la empresa Indra y sus socios. Ahora, la Audiencia ha respaldado la posición de la Defensa, sentenciando a las empresas involucradas a pagar las sanciones correspondientes.
Defensa gana batalla contra Indra y sus socios por retrasos en contrato del VCR 8x8 Dragón
El Ministerio de Defensa ha obtenido una nueva victoria en la Audiencia Nacional en su disputa con Indra, Sapa y Santa Bárbara, socios del contrato del vehículo de combate sobre ruedas 8x8. La sentencia, fechada el 8 de mayo, desestima los argumentos de las empresas y confirma la imposición de penalidades por retrasos en la entrega del proyecto.
Recurso presentado por la UTE VCR 8x8
La Unión Temporal de Empresas (UTE) VCR 8x8, conformada por Indra, Sapa y Santa Bárbara, había presentado un recurso contra la resolución que autorizaba a ampliar los plazos de entrega en 2021 a cambio de multas millonarias. Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Nacional no admiten ninguno de los argumentos utilizados por las empresas.
No se aceptan excusas
Los magistrados no aceptan la complejidad del contrato como excusa para el incumplimiento de los plazos. Tampoco admiten la improcedencia de las razones en que se sustenta la imposición de penalidades, basadas en el incumplimiento de los plazos y en la atribución de dicho incumplimiento a la falta de adscripción de recursos necesarios, carencias en su propia gestión, falta de debida celeridad en las negociaciones con subcontratistas o discrepancias internas entre las recurrentes e ineficiente gestión de riesgos.
Penalidades exigidas
La resolución de junio de 2021, ahora confirmada por la Audiencia, impone el pago por día de demora en la ejecución de 0,20 euros por cada mil euros del precio del plazo parcial incumplido (73,5 millones) a partir de una fecha de 2019 y 0,20 euros desde otra fecha de ese mismo ejercicio sobre el plazo total de 91,9 millones. Esto supone 14.715 euros diarios en ese primer 'paquete' y 18.393 euros en el segundo.
Contrato del VCR 8x8
El contrato asociado dentro del programa del 8x8 tenía un importe inicial de 89 millones de euros, fijando la terminación del plazo de ejecución a mediados de diciembre de 2017. Sin embargo, se produjeron sucesivas ampliaciones de plazo, lo que llevó a la imposición de penalidades.
Reacciones del Gobierno
Desde el Gobierno han mostrado recientemente su gran preocupación por los retrasos vividos en este proyecto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había advertido a las empresas en enero que nos gustaría que este programa presentara en su ejecución mayores avances que los apreciados hasta la fecha.
Un programa con problemas
El programa del 8x8 arrancó en la primera década de este siglo y se firmó formalmente en junio de 2020 con un presupuesto final de 1.736 millones y una duración prevista de diez años hasta 2030. Sin embargo, los diferentes retrasos han obligado a cambiar la planificación de entregas, convirtiéndose en un quebradero de cabeza para el departamento.
El último compromiso se basa en que este año 2024 se entreguen 92 unidades del primer tramo. A finales de 2022 se entregaron los siete primeros vehículos. El programa del 8x8 tiene como objetivo sustituir a los obsoletos BMR, cuya necesidad se puso de manifiesto en el año 2007.
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