La Fiscalía General y las asociaciones han dado inicio a un importante proyecto que busca fortalecer la independencia de la institución a través de la implementación de un nuevo Estatuto. Este acuerdo, fruto del diálogo y la colaboración entre ambas partes, tiene como objetivo principal promover mayor independencia en el desempeño de las funciones de la Fiscalía. La iniciativa representa un paso significativo en el camino hacia una justicia más transparente y eficaz, donde se fomente la imparcialidad y la autonomía en las decisiones judiciales. Sin duda, esta alianza estratégica entre la Fiscalía General y las asociaciones sienta las bases para un sistema judicial más sólido y confiable, en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Fiscalía y asociaciones colaboran en la creación de un nuevo Estatuto para asegurar la independencia judicial
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propone una mayor autonomía para la Fiscalía, otorgándole un papel central en la fase de instrucción de los procesos penales, que hasta ahora estaba en manos de los jueces instructores.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, busca cerrar este asunto, postergado desde 2020, antes de que finalice el año. La reforma de la LECrim, vigente en España desde 1882, es crucial y necesita ser acompañada de una modificación en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar una mayor independencia de la institución.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los presidentes de las tres asociaciones de fiscales para formar un grupo de trabajo que aborde este importante tema. Tras la reunión con las asociaciones, se ha programado un nuevo encuentro para el martes 7 de mayo.
García Ortiz ha propuesto a las asociaciones un plan de trabajo y un calendario para que sean ellas, respaldadas por la Fiscalía General, las encargadas de elaborar el nuevo Estatuto. Se busca la participación de todos los fiscales, ya que solo desde un profundo conocimiento de la carrera fiscal y sus estructuras se pueden hacer propuestas efectivas.
La reforma de la LECrim propuesta por el ministro de Justicia representaría una revolución en los procedimientos penales en España, alineándolos con los estándares de la Unión Europea. El juez instructor pasaría a ser una garantía del proceso de instrucción, mientras que los fiscales dirigirían la investigación, el juicio de acusación y el juicio oral.
Entre las novedades del anteproyecto de ley se encuentra la exclusión de partidos políticos, administraciones públicas y sindicatos como acusación popular. El objetivo es adaptar el proceso penal al siglo XXI, pero antes es necesario asegurar una mayor independencia para la Fiscalía General del Estado, según coinciden todas las asociaciones de fiscales que se han reunido con el ministro y el fiscal general.
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