Plena Inclusión pide al Gobierno recursos para garantizar la vida independiente y en comunidad
La confederación estatal de Plena Inclusión ha pedido al Gobierno que dote con recursos la nueva Estrategia Estatal de Cuidados, con el fin de garantizar la vida independiente y en comunidad para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Según Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión España, el cambio que se propone hacia un nuevo modelo de cuidados implica también reformar la Ley de Dependencia, garantizando la continuidad de proyectos que ponen en el centro la vida independiente y los apoyos en la comunidad a las personas con discapacidad intelectual.
Un cambio de paradigma es necesario para transformar los sistemas de apoyo y cuidado que se ofrecen a las personas que viven situaciones de dependencia, vulnerabilidad o exclusión. La confederación estatal considera que se trata de un paso hacia adelante para garantizar la vida independiente y en comunidad.
La organización, que agrupa a más de 950 asociaciones que defienden los derechos de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, expresa su preocupación por la fragilidad de la financiación y la rigidez normativa, que se convierten en obstáculos para un proceso transformador que se enmarca en mandatos internacionales como la Estrategia Europea de Cuidados de larga duración.
Desde Plena Inclusión se recuerda que avanzar en estrategias de desinstitucionalización también supone garantizar la financiación de proyectos como 'Mi Casa: una vida en comunidad', una experiencia exitosa de pisos de vida independiente y en comunidad para personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo.
También se promueven perfiles profesionales como los de los conectores comunitarios o los de la asistencia personal. La confederación estatal considera que uno de los retos estratégicos que enfrenta desde hace una década es asegurar que el proyecto de vida de cada persona esté conectado con su entorno social de referencia.
El derecho básico a una vida digna, elegida y en el contexto al que cada persona pertenece, debe contar con los apoyos necesarios. La desinstitucionalización y este nuevo modelo de apoyos permiten avanzar en el mandato constitucional recogido en la reciente reforma del artículo 49 de la Carta Magna.
Para las cerca de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que residen actualmente en España, siguen estando vigentes los principios defendidos en la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado internacional, que España ratificó en 2007, marca en su artículo 19 como horizonte irrenunciable la defensa del derecho de todas estas personas a vivir de forma independiente, en un contexto de interdependencia y participando del día a día de sus barrios y pueblos.
Deja una respuesta