La reforma de la ley de extranjería se acerca a su aprobación, pero el Gobierno y el PP se enfrentan por la distribución de menores migrantes

La reforma de la ley de extranjería se acerca a su aprobación, pero el Gobierno y el PP se enfrentan por la distribución de menores migrantes

La reforma de la ley de extranjería está a punto de ser aprobada, después de meses de debate y negociaciones entre los partidos políticos. Sin embargo, el Gobierno y el Partido Popular (PP) se enfrentan en estos momentos en cuanto a la distribución de menores migrantes, un tema que ha generado gran controversia en las últimas semanas. La nueva ley tiene como objetivo mejorar la integración de los inmigrantes en la sociedad española, pero la cuestión de cómo distribuir a los menores no acompañados ha generado un punto de conflicto entre las partes. A pesar de las diferencias, se espera que la reforma sea aprobada en los próximos días.

La reforma de extranjería se acerca a su aprobación, pero el Gobierno y el PP se enfrentan por la distribución de menores migrantes

La cuenta atrás ha comenzado para reformar la ley de extranjería y hacer obligatorio el reparto de menores migrantes no acompañados en todo el territorio nacional. El Gobierno culminará esta semana su ronda de conversaciones con las comunidades autónomas para cerrar el texto que espera tener aprobado antes de que termine el verano.

Los calendarios, sin embargo, dependerán del apoyo del PP, que tiene el peso suficiente en el Senado para bloquear la iniciativa, y cuya postura ha sido especialmente dura en los últimos días. No se contaba tampoco con el respaldo de Vox, que desde el principio ha expresado un rechazo rotundo, mientras Junts ha exigido dejar a Cataluña fuera de ese reparto obligatorio.

La Conferencia Sectorial de Infancia

Tras sondear el apoyo de los grupos parlamentarios, el Ejecutivo se reunirá ahora con los consejeros del ramo en una Conferencia Sectorial de Infancia convocada para este miércoles, 10 de julio, en Tenerife. Presidido por la ministra Sira Rego, el encuentro tendrá como objetivo pulir los flecos de una reforma que lleva meses negociándose con el Gobierno canario —del que forma parte el PP—, actualmente sobrepasado por la acogida de casi 6.000 menores migrantes no acompañados.

La propuesta que pondrán sobre la mesa plantea una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas estén obligadas a recibir un número determinado de menores migrantes (que dependerá de una serie de criterios) cuando un territorio de acogida sobrepase el 150% de su capacidad. En el caso del archipiélago, por ejemplo, supondría aliviar la comunidad con el reparto de 3.000 menores.

La solidaridad obligatoria

Se trata de blindar por ley la ya bautizada como solidaridad obligatoria mediante un mecanismo vinculante para las administraciones autonómicas. El Gobierno espera aprobar en julio la reforma de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes.

Tanto Canarias como el Ejecutivo central han reconocido en varias ocasiones la importancia de cosechar el mayor número de apoyos a su propuesta, ya no solo de los grupos, sino también de las propias comunidades, para que la iniciativa no sea posteriormente debatida o recurrida al Tribunal Constitucional (TC).

El enfrentamiento entre el Gobierno y el PP

Pero Génova ha elevado el tono en los últimos días, en los que ha acabado adoptando una postura de absoluto rechazo a la reforma, recriminando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no traslade la crisis migratoria a las instituciones europeas.

El líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, apeló al reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El cruce de reproches entre el Gobierno y el PP ha sido constante tan solo una semana antes de celebrarse la Sectorial y después de que el líder de la oposición se reuniera el lunes con la dirección del partido.

Feijóo, que en los días previos había asegurado que la solidaridad de las comunidades gobernadas por el PP está garantizada, acusó después a Moncloa de fletar aviones y dejar a los migrantes deambulando por las calles. Más lejos fue su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, quien aseguró que España es un coladero de inmigrantes por la dejadez del Ejecutivo, a quien instó el jueves a desplegar las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos.

El apoyo del PP, en manos de las comunidades

Con todo, el líder del Partido Popular ha rechazado imponer una postura a las 11 comunidades en las que gobierna para mantener la autonomía de sus barones y concederles libertad de criterio para que defiendan sus intereses.

Habrá que ver, por tanto, cuál es la posición de cada comunidad el próximo miércoles, en la reunión que supondrá el paso previo para que el Gobierno envíe su norma al Congreso de los Diputados. El objetivo, según ha manifestado Torres en más de una ocasión, es tener aprobada la reforma antes de que finalice el periodo de sesiones, en agosto.

Pero para ello tendrá que depender inevitablemente del PP. En el caso de que la iniciativa llegue al pleno de la Cámara Baja a finales de julio —por el procedimiento de urgencia y en lectura única para evitar que pase por Comisión—, acabará necesitando también el visto bueno del Senado, en el que los 'populares' tienen mayoría.

Por lo tanto, solo en el caso de que haya un pacto entre las dos principales formaciones de la Cámara (como ha ocurrido con la reforma del poder judicial) podría conseguirse cumplir con el plazo que se ha marcado el Ejecutivo, puesto que, como no hay sesiones en agosto, el PP podría paralizar la norma en la Cámara Alta para retrasar su aprobación devolviéndola al Congreso.