En un movimiento que busca impulsar el desarrollo urbanístico de la región, el presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acelerado la tramitación de una ley que permitirá la construcción de 20.000 pisos en suelo destinado actualmente para oficinas. Esta iniciativa, que se aprueba este mes, tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de viviendas en la región y fomentar el crecimiento económico. Con esta medida, el gobierno regional busca dinamizar el mercado inmobiliario y ofrecer más opciones de vivienda a los ciudadanos. La nueva ley también contempla la creación de espacios verdes y zonas de ocio, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los residentes.
Ley para transformar oficinas en viviendas de alquiler asequible en la Comunidad de Madrid
El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz, ha dado visto bueno al proyecto de ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida. Esta ley permitirá la transformación de suelo destinado a oficinas en pisos de alquiler a precio asequible.
Según el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, se espera que la ley entre en vigor de manera inmediata y adquirir eficacia este mismo mes de junio. El objetivo de esta normativa es aumentar el parque de vivienda para facilitar así su acceso a los madrileños.
Estimaciones y beneficios
Las estimaciones realizadas por la Administración autonómica apuntan a que se podrían liberar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo destinado a oficinas, una superficie que se podrían convertir en 20.000 nuevos pisos en numerosos municipios.
Características de la ley
La ley autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario –destinado a oficinas– a uno residencial para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler. Esta medida no requerirá una modificación del planeamiento, sino que estará sujeta a licencia.
Los ayuntamientos que deseen acogerse a este mecanismo tendrán hasta cuatro meses para decidir su aplicación, y en caso de seguir adelante, contarán con un plazo de dos años para solicitar la licencia y de tres como máximo para ejecutar la obra.
Otras características
La ley también incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos, lo que reducirá el plazo para su construcción de entre ocho y doce meses.
Además, se establece un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las VPP, situando el número de plazas de aparcamiento en uno por vivienda.
Autonomía local
La ley respeta la autonomía local, dejando en manos de los ayuntamientos el poder decidir la aplicación de esta ley en su término municipal, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales concretos dentro del municipio para su implantación.
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