Plataformas de alquiler turístico en el punto de mira de Consumo
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas. Esta práctica supondría una infracción de la ley de los consumidores y podría llegar a ser sancionada con hasta 100.000 euros.
La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas sin licencia. Con la información que le suministren, los responsables de Consumo quieren determinar la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de numerosos pisos turísticos en diversas comunidades.
Prácticas comerciales desleales
Según el artículo 47 de la ley de consumidores y usuarios, estas prácticas podrían calificarse como infracciones graves, y podrían ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, una cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
La investigación se ha abierto después de que las autoridades autonómicas y municipales informaran sobre la existencia de un número significativo de viviendas turísticas que operan sin licencia. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha decidido tomar medidas para proteger a los consumidores y garantizar el cumplimiento de la ley.
Suspensión de concesión de licencias para pisos turísticos
Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido suspender la concesión de licencias para pisos turísticos, aumentando las sanciones para aquellos que incumplan la ley. Esta medida tiene como objetivo frenar el crecimiento descontrolado de la oferta de alojamientos turísticos en la ciudad.
La investigación abierta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 busca asegurar que las plataformas de alquiler turístico operen de manera transparente y segura, protegiendo los derechos de los consumidores y garantizando el cumplimiento de la ley.
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