Despíese a la rehabilitación verde, los pisos españoles siguen sin eficiencia energética pese a las ayudas estatales

En un contexto en el que la sostenibilidad y la eficiencia energética se han convertido en temas prioritarios, resulta sorprendente que los pisos españoles sigan sin alcanzar los estándares de eficiencia energética necesarios. A pesar de las ayudas estatales y los esfuerzos gubernamentales para fomentar la rehabilitación verde, los edificios residenciales españoles siguen sin cumplir con los requisitos mínimos de eficiencia energética. Esta situación es especialmente preocupante si se tiene en cuenta la gran cantidad de recursos naturales que se desperdician debido a la ineficiencia energética en los edificios. En este sentido, es urgente abordar esta problemática y buscar soluciones efectivas para mejorar la eficiencia energética de los pisos españoles.

La rehabilitación verde falla en España: solo el 13% de las viviendas es eficiente energéticamente

Tras cuatro años y miles de millones de euros invertidos, la vivienda en España sigue sin ser eficiente energéticamente. Según el observatorio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), en marzo de 2024, el 87% de las viviendas se encontraban dentro de las calificaciones E, F y G, las tres peores en la escala.

La edad media de las viviendas es superior a los 43 años, lo que contribuye a esta situación. Además, los hogares suponen el 40% del total del consumo energético en Europa, más que cualquier otro sector.

El Gobierno intenta solventar la situación

En 2020, el Gobierno comenzó a intentar solventar esta situación con medidas como el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), que otorgaba ayudas directas y contaba con una financiación de hasta 400 millones de euros. Más adelante, se incorporó al Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, que amplió los fondos hasta casi los 3.000 millones destinados a propietarios y comunidades de vecinos.

Además, en 2023 se añadió una línea de avales ICO de 1.100 millones, cubriendo el 50% de la financiación de las obras. Sin embargo, la situación continúa sin mejorar mientras Europa comienza a presionar tras la publicación de la Directiva de Eficiencia Energética en la Edificación, que busca que todos los edificios (incluidos los ya construidos) sean cero emisiones para 2050.

Fallos en la administración pública

Uno de los principales problemas de los proyectos de renovación de edificios son los fallos de comunicación en la administración pública. Las Comunidades Autónomas tienen la competencia del 90% de unos presupuestos atípicamente grandes por los fondos Next Generation que finalmente tienen que gestionar una o dos personas de ayuntamientos en proyectos de una magnitud financiera que raramente manejan.

Además, la falta de coordinación dentro de las mismas instituciones en concejalías que raramente interactúan entre ellas, como vivienda y medio ambiente o con las CCAA y el Ejecutivo central, responsable a nivel legislativo. Todo esto da como resultado múltiples fallos que producen un mal uso o directamente la paralización de los fondos públicos.

Error en la creación de mecanismos de incentivo

Otro de los errores se puede apreciar en el desempeño de la administración pública es que la creación de mecanismos de incentivo para la renovación de los hogares no ha llegado de manera óptima a la población. Según UCI, el conocimiento de herramientas como las hipotecas verdes se sitúa en apenas un 15% y nueve de cada diez desconocen la existencia de deducciones por rehabilitación de vivienda en la declaración de la renta.

El sector privado es indispensable a largo plazo

La activación de la subvención pública directa no es suficiente para conseguir los objetivos marcados por Europa. La solución pasa por incorporar al sector privado a los proyectos de renovación, situando los fondos públicos como una base sobre la que poder construir proyectos a largo plazo que sean atractivos para el capital privado por su rentabilidad y bajo riesgo.

Este enfoque permitiría garantizar colas de financiación duraderas a décadas vista para que las constructoras puedan llevar a cabo procesos más ambiciosos.

Un beneficio a nivel macro

El informe del UCI también destaca un descenso entre el porcentaje de personas dispuestas a afrontar una reforma energética, con el precio de la operación como la principal causa. Sin embargo, la transformación verde del sector tendría consecuencias a nivel macro, con ahorro en las importaciones de gas o en la salud de las personas.

Cada reducción de un kilowatio/hora el presupuesto público ahorra tres euros, según Eduardo Brunet, director de Green Finance Institute en España.