En un proceso complejo y emocionalmente cargado, el proyecto de ley de amnistía sigue su curso hacia la aprobación en el Congreso. Después de meses de debates y negociaciones, el proyecto de ley ha superado varios obstáculos, pero todavía enfrenta desafíos importantes antes de convertirse en ley. La esperanza de miles de personas que esperan beneficiarse de esta medida depende de la aprobación de los legisladores. A medida que el proyecto de ley avanza hacia su último tramo, la tensión y la expectación crecen. ¿Será aprobada la amnistía? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta medida? Estas son solo algunas de las preguntas que rodean este polémico tema, que sigue siendo una de las noticias más importantes del momento.
- La travesía de la amnistía: un camino lleno de curvas hacia la aprobación en el Congreso
- Un proceso de secretismo y polémica
- El acuerdo entre PSOE y Junts
- La respuesta del Poder Judicial
- La tramitación de la ley en el Congreso
- La ley de amnistía: un proceso lleno de curvas y desvíos
- El camino hacia la aprobación definitiva
- La aprobación en el Congreso y el Senado
La travesía de la amnistía: un camino lleno de curvas hacia la aprobación en el Congreso
El candidato de Junts a la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, es el punto de partida de la ley de amnistía. Para algunos, este es un motivo de deslegitimación de la norma, una contrapartida onerosa por la investidura de Pedro Sánchez. Para el presidente, en cambio, se trata de hacer de la necesidad virtud. De todos modos, el camino de la amnistía, que comenzó aquel verano, aún no ha terminado, por mucho que el Parlamento vaya a aprobar la ley este 30 de mayo.
Un proceso de secretismo y polémica
Mientras juristas, partidos políticos y medios debatían sobre una ley de la que poco se sabía, durante los primeros meses la amnistía se gestó en un ambiente de total secretismo. El PSOE y Junts pilotaban unas conversaciones discretas para investir a Sánchez. Del lado socialista llevaba la batuta Santos Cerdán, que enfrente tenía a una cúpula independentista encabezada por el mismísimo Carles Puigdemont.
El acuerdo entre PSOE y Junts
El 9 de noviembre se conoció el primer hito en esta travesía: Junts y el PSOE presentaron un acuerdo que no solo incluía la elaboración de una ley de amnistía, sino que prometía impulsar comisiones de investigación parlamentaria en busca de posibles casos de lawfare, un término que irrumpió como un tifón en la política española y lo puso todo patas arriba.
La respuesta del Poder Judicial
La respuesta del Poder Judicial fue masiva y contundente: las cuatro mayores asociaciones judiciales, las tres asociaciones de fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Consejo Fiscal… Todos se pronunciaron en contra de las acusaciones de lawfare, excepto el fiscal general del Estado, que se vio inmerso en una gran polémica por negarse a actuar como un mero opinador de la actualidad.
La tramitación de la ley en el Congreso
Poco antes de que el PSOE y sus socios registraran la proposición de ley en el Congreso, una decisión judicial lo revolucionó todo: el instructor del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, reactivó una causa que llevaba cuatro años en el cajón, indicó que las revueltas organizadas en 2019 por Tsunami Democràtic podían ser un delito de terrorismo y apuntó a Carles Puigdemont como posible responsable.
La ley de amnistía: un proceso lleno de curvas y desvíos
La norma perdonaba los actos de terrorismo no condenados en sentencia firme, así como la malversación y los desórdenes públicos. Se perdonaban los actos sucedidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, cuando la proposición de ley ingresó en el Parlamento.
El camino hacia la aprobación definitiva
Con el instructor García Castellón investigando los actos de Tsunami Democràtic como presuntos delitos de terrorismo, estas dudas causaron pánico entre los partidos que negociaban la norma. En consecuencia, el PSOE pactó con Junts y ERC dos enmiendas transaccionales que el 23 de enero se aprobaron en la Comisión de Justicia.
La aprobación en el Congreso y el Senado
El 14 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó la norma y la envió al Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular añadiría nuevas trabas para su aprobación definitiva. Finalmente, el 14 de mayo la Cámara Alta vetó la norma y la devolvió al Congreso, donde será aprobada este mismo jueves.
Tras su aprobación, los tribunales correspondientes tendrán dos meses para archivar las causas, anular las condenas o, en su defecto, presentar una cuestión prejudicial ante la Justicia europea o una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Se prevé que el Tribunal Supremo acuda al Tribunal de Justicia de la UE y, según juristas consultados por este periódico, la norma podría tardar hasta un año y medio en aplicarse.
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