El Defensor del Pueblo solicita protección a personas con discapacidad para evitar pérdida de beneficios fiscales y prestaciones en virtud de la refor

El Defensor del Pueblo solicita protección a personas con discapacidad para evitar pérdida de beneficios fiscales y prestaciones en virtud de la reforma legal.

En un comunicado oficial, el Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación por la posible pérdida de beneficios fiscales y prestaciones que podrían afectar a las personas con discapacidad en virtud de la reciente reforma legal. Ante esta situación, el máximo órgano de protección de los derechos ciudadanos ha solicitado la adopción de medidas para garantizar la protección de este colectivo vulnerable. El objetivo es asegurar que las personas con discapacidad no se vean perjudicadas por la reforma y puedan seguir disfrutando de los beneficios y prestaciones a los que tienen derecho.

El Defensor del Pueblo lanza alarma sobre pérdida de beneficios para personas con discapacidad

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha admitido a trámite la queja presentada por Plena inclusión España respecto a la pérdida de beneficios fiscales y prestaciones económicas por parte de personas con discapacidad intelectual y sus familias como resultado del fin de las incapacitaciones judiciales.

La reforma legal, específicamente la Ley 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha tenido efectos colaterales negativos en el acceso de estas personas a determinadas prestaciones. Antes de la entrada en vigor de la reforma, la legislación contemplaba la posibilidad de vincular el cumplimiento de los requisitos de acceso a prestaciones sociales y beneficios fiscales a la existencia de una incapacitación, lo que en la práctica incluía situaciones tanto de curatela como de tutela parcial o total.

Un vacío legal que perjudica a las personas con discapacidad

Al desaparecer la incapacitación judicial por la nueva ley, se produjo un vacío legal que la Seguridad Social y Hacienda han cubierto de forma muy restrictiva y contraria a la propia reforma, criticó la confederación en su queja. Denunció ante el Defensor las actuaciones de las administraciones públicas en el ámbito de la Seguridad Social y Hacienda porque están ocasionando la pérdida de prestaciones sociales y de beneficios fiscales a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias.

Restricciones en el reconocimiento de figuras de apoyo

Según Plena inclusión, las administraciones públicas solo reconocen la existencia de situaciones de curatela representativa para todos los actos de la vida en el caso de la Seguridad Social, o de curatela representativa en el caso de Hacienda, obviando el abanico de figuras de apoyo que ofrece la ley.

El Defensor del Pueblo insta a las administraciones a actuar

La queja ha sido admitida por la institución del Defensor del Pueblo, que efectuó sendas recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones y a la Secretaría de Estado de Hacienda. En ellas, el Defensor les pide que, en sus respectivos ámbitos de competencias, realicen las actuaciones oportunas para mantener la efectividad de la protección social y fiscal a las personas con discapacidad en los términos equivalentes a la situación previa a la aprobación de la Ley 8/2021.

Plena inclusión España, además, presentará un informe jurídico para combatir estos efectos colaterales de la reforma el próximo día 17 de septiembre en Madrid.

La protección de las personas con discapacidad está en riesgo

Es necesario actuar para proteger los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. El Defensor del Pueblo y Plena inclusión España están trabajando juntos para encontrar una solución a esta problemática y garantizar la protección social y fiscal de estas personas.