En un comunicado oficial, el Ejecutivo ha anunciado su decisión de no prorrogar las ayudas energéticas, lo que ha generado gran controversia entre las organizaciones no gubernamentales. Estas han alertado sobre el impacto que esta medida tendrá en los ciudadanos más vulnerables, que ya luchan para hacer frente a los crecientes costos del consumo eléctrico. A pesar de estas advertencias, el Gobierno ha decidido no extender las ayudas, lo que ha generado inquietud y preocupación entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En este contexto, muchos se preguntan qué medidas se tomarán para proteger a aquellos que no pueden asumir el costo del consumo eléctrico.
Gobierno descarta prórrogas para ayudas energéticas, a pesar de advertencias de organizaciones no gubernamentales
El Ejecutivo no prevé extender medidas para ayudar a hogares vulnerables a pagar factura eléctrica
La Alianza contra la Pobreza Energética critica decisión del Gobierno de dejar caer ayudas energéticas para hogares vulnerables
Una semana después de aprobar el decreto que empieza a recortar algunas ayudas en materia energética para hogares vulnerables, el Gobierno no parece dispuesto a extender por más tiempo del estipulado las medidas para ayudar a los hogares más vulnerables a pagar la factura de energética, que empezarán a menguar a partir de septiembre.
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, recibió este jueves a las distintas ong que forman parte de la Alianza contra la Pobreza Energética, que le insistió en que sin los descuentos actuales del bono social -que empezarán a reducirse en octubre- los hogares vulnerables no podrán hacer frente al pago de la electricidad, que, aunque no como en 2022, está previsto que a precios más elevados de lo normal.
Las organizaciones que forman la Alianza llevan años haciendo seguimiento de las medidas del Gobierno, primero por la Covid y después por la crisis energética, para ayudar a los hogares más vulnerables a pagar los suministros básicos y en este marco pidieron la reunión de este jueves con Aagesen, justo en la primera semana de entrada en vigor del último decreto que empieza a desmontar muchas de esas medidas.
Por ejemplo, el descuento adicional del bono social -del 65% en lugar de 25% para hogares vulnerables y del 85% en lugar del 40% para vulnerables severos- solo se mantendrá ya hasta septiembre y empezará a menguar en octubre y la prohibición de cortar la luz, el agua o el gas por impago a sus receptores dejará de existir en 2025, después de cuatro años.
Los descuentos extra del bono social seguirán hasta octubre como ahora y luego bajarán progresivamente hasta julio de 2025.
Su mensaje era pedir la continuidad de las dos medidas más allá de la fecha de caducidad que ha fijado el Gobierno en el último decreto porque sus beneficiarios seguirán sin poder hacer frente a las nuevas condiciones, aun cuando sean más ventajosas que las que existían antes de la crisis energética, por ejemplo con los descuentos del 35% y 50% respectivamente en la luz del bono social a partir de julio del año que viene, un 10% más que el bono social sin los descuentos adicionales.
La impresión con la que salieron sus representantes es que el Gobierno no lo tiene previsto.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica no han querido comentar la reunión pero fuentes de la Alianza contra la Pobreza señala que salieron preocupados porque el mensaje de Aagesen fue que estas medidas fueron extraordinarias por los efectos de la guerra de Ucrania sobre los precios de la energía y la inflación y no se mostró proactiva en sus peticiones.
Sin embargo, Aagesen les dijo que esta es una cuestión que debería tratar con el Ministerio de Hacienda, no con el de Transición Ecológica.
Reivindicaciones de los colectivos
Otra de las grandes reivindicaciones de los colectivos que trabajan con hogares vulnerables -entre otras cuestiones, asesorándoles sobre cómo pedir el bono social y otras ayudas, uno de los talones de Aquiles que también reconoce el Ministerio y que frenan el acceso a más personas que tienen acceso a ellas- tiene que ver con la deuda que desde hace cuatro años están generando los hogares se han acogido la prohibición del corte de suministro aunque hayan dejado de pagar las facturas de agua, gas o electricidad.
Transición Ecológica sigue sin darles información de a cuánto asciende esta deuda -con las compañías energéticas- ni cómo deberán saldarla una vez que termine la prohibición en enero del año que viene, y este jueves Aagesen mostró su preocupación por el tema pero no dio muestras de tener una propuesta firme para resolver esta situación, apuntan fuentes presentes en la reunión.
Nueva estrategia y familias numerosas
Por otra parte, la Alianza contra la Pobreza Energética lleva años reclamando que se articulen espacios de participación de las asociaciones sociales que trabajan en este ámbito, tal y como establece la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que expirará este año.
De cara al que viene, el Ministerio deberá elaborar otra, para lo que el sector espera que en los próximos meses se lance una consulta pública.
Según han ido apuntando desde los ministerios de Transición Ecológica y Derechos Sociales, es en este documento donde debería sustanciarse finalmente la eventual modificación de los requisitos para que las familias numerosas accedan al bono social eléctrico y al térmico.
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