En un paso decisivo hacia una transición energética más sostenible, el Ejecutivo ha propuesto un proyecto de ley que busca incrementar el límite de inversión en redes eléctricas, con el objetivo de reducir la dependencia a los combustibles fósiles y fomentar el uso de fuentes de energía renovable. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del gobierno de abordar el cambio climático y alcanzar un futuro más sostenible. La propuesta busca sentar las bases para una transición energética efectiva, que permita a la sociedad avanzar hacia un modelo más limpio y eficiente, en línea con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.
El Ministerio para la Transición Ecológica lanza proceso para modificar límite de inversiones en redes eléctricas
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dado inicio al proceso para modificar la normativa que fija el límite de inversiones en redes eléctricas.
La actual normativa limita en el 0,065% del PIB de España la inversión anual para el transporte y en el 0,13% para la distribución. Sin embargo, según el Ministerio, la determinación del volumen de inversión en redes de transporte y distribución fue establecida en un contexto económico y energético distinto al actual.
La transición energética requiere una mayor inversión en redes eléctricas
La regulación establecida en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, y el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, estaba determinada principalmente por la necesidad de contener los costes del sistema eléctrico en un momento en el que la prioridad era asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico en un contexto de menor dinamismo de la transición energética.
Sin embargo, más de una década después, el sector energético en general, y el eléctrico en particular, se encuentran inmersos en una transformación estructural, impulsando una transición energética cuyas manifestaciones principales son el despliegue de las renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo de nuevos combustibles y la aparición de nuevos modelos de negocio asociados al despliegue de los recursos distribuidos.
Objetivos de la reforma normativa
La cartera que dirige Teresa Ribera reconoce que puede resultar necesario revisar la regulación que establece la inversión anual y plurianual en redes de transporte y distribución, para acompasarla al nuevo contexto de transición energética y dotarla de mayor flexibilidad.
El plazo de alegaciones estará abierto hasta el 3 de julio. Con la eventual modificación de esta norma se persigue actualizar el marco normativo que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades derivadas de la transición energética.
En particular, se busca adaptar la regulación a las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España a través de una mayor inversión en redes de transporte y distribución con la máxima eficiencia económica.
Alternativas para la reforma normativa
Entre las opciones que se estudiarán se encuentra la elevación con carácter general del volumen de inversión máximo como porcentaje del producto interior bruto, hasta un valor que se considere suficiente para atender las necesidades de red previstas.
Otra posible alternativa es cambiar los supuestos bajo los cuales se podría modificar al alza el volumen de inversión, incluyendo nuevas circunstancias asociadas a la transición energética.
Además, se analizará como posible solución el establecimiento de un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo vigente, previa solicitud de las empresas transportistas y distribuidoras si antes han superado el límite de inversiones establecido en la normativa.
Desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), defienden que aumentar las inversiones en redes para incrementar la demanda no encarecerán los peajes de la red eléctrica, sino al contrario. Es como las autopistas, cuantos más coches circulen, menores tendrán que ser los peajes, argumenta la presidenta de la patronal, Marina Serrano.
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