En una decisión trascendental, el Gobierno español ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Canarias para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados en el archipiélago. Según lo pactado, cuando Canarias supere la cifra de 2.500 menores migrantes, se procederá a la distribución de estos jóvenes a otras comunidades autónomas en el territorio español. Este convenio busca aliviar la presión humanitaria y logística que actualmente enfrenta Canarias, permitiendo una distribución más equitativa de la responsabilidad en la acogida de menores migrantes. Esta medida, que responde a la necesidad de una respuesta coordinada y solidaria entre las distintas regiones del país, marca un paso significativo en la gestión de la crisis migratoria en España.
Gobierno y Canarias acuerdan reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, se reunieron este lunes para cerrar un importante acuerdo. Tras meses de negociación, el Gobierno y Canarias han pactado una modificación legislativa que garantiza la solidaridad obligatoria en la acogida de menores migrantes no acompañados. Esta medida implica que los niños y adolescentes migrantes deberán ser distribuidos entre las demás comunidades cuando la capacidad de Canarias supere el 150%. El objetivo es impulsar esta iniciativa mediante una reforma de la ley de extranjería, con la meta de tener la reforma aprobada antes de septiembre.
Canarias y Gobierno pactan distribución de menores migrantes entre comunidades autónomas
Según lo acordado, cuando la capacidad de Canarias supere el 150% del cupo, las demás comunidades autónomas deberán hacerse cargo de 2.500 menores migrantes no acompañados de los 5.500 que actualmente tutela Canarias. El Ejecutivo central propone una proposición de ley para implementar esta medida, mientras que las comunidades autónomas prefieren hacerlo vía decreto-ley para agilizar el proceso. Esta decisión surge tras intensas negociaciones y busca garantizar una distribución equitativa y solidaria de la responsabilidad en la acogida de menores migrantes no acompañados.
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