En un esfuerzo por garantizar la transparencia y la integridad en la administración pública, el Gobierno andaluz ha decidido imponer restricciones a los exfuncionarios de la Junta de Andalucía. Esta medida tiene como objetivo evitar conflictos de interés en el sector privado, donde muchos de estos profesionales suelen continuar su carrera después de dejar el servicio público. De esta manera, se busca proteger la objetividad y la imparcialidad en la toma de decisiones, y prevenir la influencia indebida de intereses particulares en la gestión de los asuntos públicos.
La Junta de Andalucía endurece las restricciones a exfuncionarios para evitar conflictos de interés
La Junta de Andalucía ha modificado la ley de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración autonómica para evitar puertas giratorias y corrupción. A partir de ahora, los exfuncionarios que deseen incorporarse al sector privado en los siguientes dos años deberán contar previamente con una autorización de la Junta.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, explicó que la medida es consecuencia de la brecha en el sistema de control que afloró con el caso del exviceconsejero de Salud y exgerente del SAS Miguel Ángel Guzmán y su intento de fichaje por la aseguradora privada Asisa.
Autorización previa para exfuncionarios
La principal novedad es que cualquier ex alto cargo de la Junta que quiera incorporarse a una empresa privada deberá antes informar a la Administración y solicitar un informe sobre la compatibilidad o no del fichaje. La Inspección General de Servicios será el órgano encargado de recabar la información necesaria y emitir, en el plazo máximo de un mes, el informe pertinente sobre la compatibilidad o no de la actividad del ex alto cargo.
El incumplimiento de esta medida, en caso de que el antiguo funcionario ejerza actividades privadas sin la pertinente autorización, será considerado como una infracción muy grave, que estará sancionada con entre tres y diez años de inhabilitación para cargo público y la devolución de toda la cesantía en caso de haberla percibido.
Nuevos criterios para evitar conflictos de interés
Otra de las claves de la modificación aprobada es el establecimiento de unos criterios nítidos sobre lo que inhabilita y lo que no. Así, no serán autorizados a fichar por la privada aquellos ex altos cargos que durante el desempeño de su función pública hayan suscrito un contrato con la empresa a la que se quieren incorporar.
También se considerará que existe un conflicto de intereses, y por tanto incompatibilidad, cuando el alto cargo hubiese votado a favor en decisiones que benefician a la entidad privada. Sin embargo, no habrá incompatibilidad cuando las decisiones adoptadas por el alto cargo no estuvieran referidas a una empresa en concreto, sino a un colectivo con carácter general.
Transparencia y cumplimiento de la legalidad
El Gobierno andaluz quiere transmitir con estos cambios una imagen de transparencia, cumplimiento de la legalidad y de respeto a lo público que esté en el top de España y de Europa para ser vanguardia en el cumplimiento de los compromisos de las políticas públicas. Y que nunca más se vuelva a relacionar a Andalucía con nada que tenga que ver con la corrupción.
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