El Gobierno, la CNMC y las empresas energéticas trabajan juntos para enfrentar un récord histórico de demanda eléctrica

El Gobierno, la CNMC y las empresas energéticas trabajan juntos para enfrentar un récord histórico de demanda eléctrica

En un esfuerzo sin precedentes, el Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las empresas energéticas se han unido para abordar el récord histórico de demanda eléctrica que se registra en el país. Esta colaboración sin precedentes tiene como objetivo garantizar el suministro energético de la población y minimizar el impacto de la creciente demanda en la red eléctrica. La demanday energética ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que ha generado una situación de alta tensión en el sistema eléctrico. Ante este escenario, las partes involucradas trabajan conjuntamente para implementar medidas que permitan garantizar la estabilidad del sistema y evitar posibles cortes de energía.

Gobierno, CNMC y empresas energéticas unidos para superar récord de demanda eléctrica

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) enfrenta uno de sus desafíos más difíciles: elevar la demanda eléctrica a los niveles que aspira el Gobierno. Según el documento, se estima un consumo anual de 358.000 gigavatios hora (TWh) para final de década, lo que supone un fuerte incremento del 34% en comparación con 2019.

Un desafío difícil de superar, ya que desde que estallara la pandemia y la posterior crisis energética, la demanda eléctrica no ha hecho más que caer. De hecho, si comparamos el objetivo con el cierre de 2023, la subida sería del 45%. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que la actualización del PNIEC refleja los resultados del incremento del interés detectado en nuevos proyectos atraídos por costes renovables competitivos.

Electrificación de la demanda, clave para el éxito

El esfuerzo dedicado a la electrificación de la demanda, en especial mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), es fundamental para extender el autoconsumo, las renovables en la climatización, la electrificación del transporte (vehículo eléctrico y ferrocarril), el hidrógeno verde, y el apoyo a la industria en su descarbonización, tecnologías de transformación digital, electrificación de puertos, etc.

La demanda eléctrica en caída, según los datos de Red Eléctrica de España, el consumo en 2019 presentó un descenso del 1,6% respecto al año anterior, alcanzando un total de 264.635 GWh demandados, y siendo este el primer descenso de la demanda que se producía desde 2014. En 2020 se desplomó hasta los 250.051 GWh por culpa del coronavirus, y desde 2022 la caída ha sido cada vez mayor, hasta terminar el curso pasado con el consumo más bajo de las últimas dos décadas.

Un conjuro para disparar la demanda eléctrica

Para aumentar la demanda, parece que hay una especie de conjuro que aúna al Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las empresas -con sus respectivas patronales-. El Ejecutivo hace las cuentas en base a una mayor electrificación en la industria y el transporte, gracias al despliegue del vehículo eléctrico, a la producción masiva de hidrógeno 'verde' y a la conexión de nuevos centros de datos, entre otros factores.

La CNMC, clave para aprobar la nueva circular de acceso y conexión de la demanda a la red eléctrica, con el fin de acabar con la dispersa normativa que rige en la actualidad y dar entrada en el sistema a nuevos consumos de una manera ágil. Para ello, el sector espera como agua de mayo los denominados permisos de acceso flexible, que son de nueva creación y prometen otorgar el acceso a la red en determinados momentos.

Permiso de acceso flexible, una nueva oportunidad

Los permisos de acceso flexible prometen otorgar el acceso a la red en determinados momentos, con el fin de que sean operativamente factibles y no supongan un riesgo para la seguridad del sistema. Para una mayor transparencia, las plataformas tanto de Red Eléctrica como de las distintas distribuidoras -Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDPR y otras de menor tamaño- deberán permitir el seguimiento del procedimiento de otorgamiento de los permisos (tramitación de la solicitud, subsanaciones, fase de análisis, etc) hasta que se produzca la formalización.

La CNMC revoluciona los peajes eléctricos con nuevas potencias interrumplibles y flexibles, introducirá como obligación que los gestores de redes mantengan accesible en su página web y mensualmente actualizados datos detallados sobre las capacidades disponibles en los nudos de sus redes de tensión superior a 1 kV.

El sector energético, unido para incrementar la demanda

No hay prácticamente ninguna empresa energética que no haya alertado públicamente sobre la necesidad de incrementar la demanda eléctrica. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue muy claro: Sin demanda, no se construirán renovables. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha denunciado públicamente que las redes no están dimensionadas adecuadamente para satisfacer los requisitos de la nueva demanda.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) destaca que los gestores de la red de distribución manejaron en 2023 más solicitudes de acceso y conexión de demanda que durante los tres años anteriores en conjunto. En concreto, el año pasado las peticiones englobaron una potencia total de 30,7 gigavatios (GW), frente a los 24,3 GW de 2020, 2021 y 2022.

En este sentido, lo que piden las distribuidoras eléctricas es que se identifique la nueva demanda en función de los distintos polos industriales del país, como puede ser, por ejemplo, el polígono petroquímico de Tarragona, con el fin de que se anticipen las inversiones y se dote al sistema de una mayor flexibilidad.

El modelo ventanilla no funciona, el acceso de los proyectos a la red eléctrica, como un centro de datos o una fábrica de baterías para coches eléctricos, funciona bajo un modelo de ventanilla, es decir, a petición del propio interesado. Y el sector se queja de que ante tan falta de previsión, los permisos para el acceso y conexión pueden demorarse hasta cinco años, lo que supone un riesgo potencial para de fuga de las inversiones a países donde conseguir el acceso a la red sea más sencillo.