En una decisión significativa, el Gobierno de España ha anunciado su intención de llevar a la ONU y a Europa las leyes de memoria del PP y Vox. Esta medida busca poner en relieve las preocupaciones y posibles impactos que estas leyes podrían tener en términos de memoria histórica y derechos humanos. La iniciativa demuestra la importancia que el Ejecutivo otorga a la protección de la memoria colectiva y a la garantía de que las leyes locales sean acordes con los principios internacionales. Con esta acción, se busca también abrir un diálogo constructivo a nivel internacional para abordar las implicaciones de estas normativas en el contexto global.
Gobierno español llevará leyes de memoria del PP y Vox ante la ONU y Europa
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno internacionalizará su ofensiva contra las iniciativas sobre memoria democrática de las coaliciones del PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Después de anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional, se ha decidido llevar estas leyes ante la ONU, el Consejo de Europa y promover el debate en el pleno del Parlamento Europeo, según fuentes de Moncloa.
Las normas impulsadas en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León responden a los acuerdos de gobierno firmados por PP y Vox en esas comunidades y forman parte de las exigencias de la formación de Santiago Abascal. El Gobierno ya ha avanzado que serán objeto de recurso ante el Constitucional y que todo lo que borren estas leyes, se incluirá de oficio en la Ley Estatal.
El siguiente paso será recurrir a Naciones Unidas. En concreto, el Ejecutivo presentará la situación ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para evaluar si estas medidas se adecúan a las prácticas y compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos, detallan las fuentes.
También se acudirá al Parlamento Europeo, donde la familia socialista Socialists & Democrats (S&D) promoverá iniciativas para incluir el tema en el orden del día del pleno de la Eurocámara para su debate y votación.
Además, se invocará ante el Consejo de Europa, un organismo que no forma parte de las instituciones de la UE, la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Esto se llevará a cabo a través de tres actuaciones: se pedirá un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo para analizar la derogación de las leyes aprobadas por las comunidades gobernadas por PP y Vox; se informará a la Secretaría General del Consejo y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación; y finalmente, se solicitará la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de estas leyes de derogación de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Ofensiva internacional contra leyes de memoria de PP y Vox en España
El Gobierno español, a través del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha decidido intensificar su ofensiva internacional contra las leyes de memoria propuestas por las coaliciones del PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Tras anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional, se ha optado por llevar estas leyes ante la ONU, el Consejo de Europa y promover su debate en el Parlamento Europeo, según informan fuentes de Moncloa.
Estas iniciativas, que surgen como respuesta a los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en dichas comunidades, forman parte de las exigencias de la formación liderada por Santiago Abascal. El Gobierno ya ha adelantado que recurrirá al Tribunal Constitucional y que todo lo derogado por estas leyes será incluido automáticamente en la Ley Estatal.
El siguiente paso será presentar el caso ante las Naciones Unidas, donde se solicitará la evaluación de estas medidas en cuanto a su adecuación a los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos, a través de los Relatores especializados en Verdad, Justicia y Reparación, y en Ejecuciones Extrajudiciales.
Además, se acudirá al Parlamento Europeo, donde el grupo socialista Socialists & Democrats (S&D) promoverá iniciativas para incluir el tema en la agenda del pleno de la Eurocámara, con el fin de debatir y votar al respecto.
Asimismo, se invocará el Consejo de Europa, un organismo independiente de la Unión Europea, para señalar la posible violación de diversas disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Esta acción se llevará a cabo a través de tres medidas: la petición de un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo para analizar la derogación de las leyes aprobadas por las comunidades gobernadas por PP y Vox; la notificación a la Secretaría General del Consejo y al Comisario de Derechos Humanos para alertarles sobre la gravedad de la situación; y la solicitud de elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de las leyes de derogación en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
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