En el marco de la investigación del caso Koldo, el juez encargado del caso ha emitido una solicitud formal a la Dirección General de Transportes para que entregue correos electrónicos pertenecientes a dos altos funcionarios que habrían intervenido en la gestión de contratos. Esta medida busca esclarecer las circunstancias en torno a la adjudicación de contratos relacionados con el caso, que ha generado gran controversia en los últimos meses. La solicitud del juez se centra en obtener información valiosa que permita determinar si hubo irregularidades en el proceso de adjudicación de los mencionados contratos. La investigación sigue su curso, y esta solicitud es un paso más hacia la búsqueda de la verdad en este caso.
La justicia requiere correos electrónicos de dos altos funcionarios en el caso de la trama Koldo
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha pedido al Ministerio de Transportes que facilite a la Guardia Civil copia del contenido de todas las carpetas de correo electrónico corporativo del actual subsecretario del departamento, Jesús Manuel Gómez García, y del que fuera director general de Organización e Inspección del Ministerio, Javier Sánchez Fuentefría, actualmente director general en Hacienda.
En un auto de este mismo miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, ordena a los agentes que se desplacen a la sede del Ministerio situada en el Paseo de la Castellana y recopilen todos los mensajes intercambiados entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de ese mismo año.
El magistrado explica en su auto que tanto Gómez como Sánchez, según consta en los oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habrían participado en la gestión de los contratos investigados junto con el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el director general de gestión de personas de ADIF, Michaux Miranda.
Los agentes sostienen que han hallado correos electrónicos de los que se infiere que Sánchez Fuentefría se encargó de mantener la interlocución con ADIF a través de Michaux Miranda, entonces director general de gestión de personas de la entidad.
Respecto a los contratos con ADIF, señalan que Miranda asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por la entidad y la contratación pudiera llevarse a término.
El Instituto Armado destaca la vinculación directa del subsecretario de Transportes José Manuel Gómez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Sostiene que la Subsecretaría del Ministerio, en manos de Gómez, asumió un rol clave en que la decisión de adjudicar a Soluciones de Gestión fuera transmitida a los entes que ejecutaron la contratación.
Según indican los investigadores, en el marco del procedimiento se han encontrado correos electrónicos en los que Gómez parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores.
Los agentes hacen hincapié en que Gómez declaró a los investigadores no haber participado en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión por parte de Puertos del Estado y Adif, una afirmación que la UCO considera que está alejada de la realidad después de analizar los correos electrónicos.
Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga a Koldo García y otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
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