El líder de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decide mantener su posición contraria a la creación de zonas tensionadas en la ciudad, a pesar

En un movimiento que ha generado gran Expectación en el ámbito político y social, la líder de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido mantener su posición contraria a la creación de zonas tensionadas en la ciudad, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha emitido un dictamen favorable a la ley estatal de Vivienda. Esta ley establecía el régimen de estas zonas en la comunidad autónoma, lo que ha generado un debate en torno a la política de vivienda en la región.

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La Comunidad de Madrid rechaza la creación de zonas tensionadas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene su postura de no aplicar la ley de Vivienda estatal, a pesar del aval del Tribunal Constitucional (TC), y rechaza la creación de zonas tensionadas en la región.

El consejero de Presidencia regional, Miguel Ángel García, aseguró que la declaración de zonas tensionadas en distintos ayuntamientos de la región no va a ser una de las cuestiones que este Gobierno desarrolle.

Una mala dirección para resolver el problema de la vivienda

Una mala dirección para resolver el problema de la vivienda

El Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que la ley de Vivienda tiene partes contrarias a la Carta Magna y que va en una mala dirección para resolver el problema de la vivienda, por lo que solo se aplicará la normativa básica en la región.

Según García, lejos de bajar los precios tanto en alquiler como en compra, lo que han hecho es reducir la oferta de vivienda disponible y por tanto incrementar los precios.

La sentencia del Tribunal Constitucional

La sentencia del TC pone de manifiesto que el texto impulsado por la coalición PSOE-Unidas Podemos en 2023 tenía apartados que vulneraban la legalidad constitucional.

El TC anuló el artículo 16, que establece el régimen de la vivienda protegida, y rechazó parte de otros dos artículos y la disposición transitoria primera.

La sentencia valora que el Estado por primera vez ejercita la potestad que le confiere el artículo 149 de la Constitución de 1978 para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La Comunidad de Madrid espera que se resuelva su recurso de inconstitucionalidad, ya que el que se ha dirimido esta semana fue el interpuesto por la Junta de Andalucía.

El pleno del Constitucional tendrá que dirimir el recurso presentado por Madrid, además de los registrados por el PP, el Parlamento de Cataluña, Baleares y País Vasco.

Luisa Herrera

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