Partido Popular de Cataluña presenta recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
El Partido Popular de Cataluña ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) después de que la Mesa de Edad, presidida por el diputado de Junts, Agustí Colomines, permitiera los votos delegados de Carles Puigdemont y Josep Puig durante las elecciones de la presidencia, vicepresidencias y secretariados del nuevo Parlament.
Recurso de amparo
El PP catalán acusa a Junts y ERC de desobedecer reiteradas sentencias del TC, después de que se acordase por unanimidad anular el voto telemático al que se acogió en la pasada legislatura el diputado y exconseller Lluís Puig. A través de una publicación en la red social X, el PP catalán ha anunciado esta medida, acompañándola de extractos del documento digital presentado ante el órgano constitucional.
Intervención del diputado popular en la sesión constituyente
Justo antes de proceder a la votación, el diputado del PP, Alejandro Fernández, pidió la palabra acusando a Colominas de “llevar la imparcialidad” a la sesión constitutiva. Fernández criticó que el diputado de Junts “haya normalizado el uso de los discursos institucionales para hacer chanzas políticas”.
Además, Fernández remarcó que el único motivo que le ha permitido hacer un discurso desde la Mesa es “la edad que tiene”.
Vox anuncia querella contra Colomines y Besses
Por su parte, Vox anunció el lunes que iba a interponer una querella por prevaricación y desobediencia contra Colomines y Besses, por haber aceptado la delegación de voto de Puigdemont, Puig y también Ruben Wagensberg.
Cabe destacar que el voto delegado del diputado de ERC sí está dentro del reglamento de la cámara, ya que tiene una baja médica.
El Partido Popular de Cataluña ha reiterado su compromiso con la defensa de la Constitución y la ley, y ha expresado su confianza en que el Tribunal Constitucional resolverá este asunto de acuerdo a la justicia y la legalidad.
El recurso de amparo presentado por el PP catalán es una respuesta a lo que considera una flagrante violación de la Constitución y la ley, y una muestra de la falta de respeto por las instituciones democráticas.
El futuro de este proceso judicial será seguido con atención por la opinión pública catalana y española, y se espera que el Tribunal Constitucional tome una decisión que defienda la integridad de la democracia y el Estado de derecho.
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