El PSOE Exige Responsabilidad al Supremo por Consideraciones Políticas que Impiden Amnistía a los Acusados de Malversación

El PSOE Exige Responsabilidad al Supremo por Consideraciones Políticas que Impiden Amnistía a los Acusados de Malversación

En un esperado y contundente comunicado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha exigido responsabilidad al Tribunal Supremo por permitir que consideraciones políticas impidan la aplicación de una amnistía a los acusados de malversación de fondos públicos. Según el PSOE, la actuación del alto tribunal es inadmisible y supone un atentado contra la justicia y la transparencia. El partido socialista denuncia que esta situación genera un clima de impunidad que beneficia a aquellos que han cometido delitos contra la cosa pública, y exige que se tomen medidas para garantizar la imparcialidad y la independencia del poder judicial.

El PSOE Exige Responsabilidad al Supremo por Consideraciones Políticas que Impiden Amnistía a los Acusados de Malversación

La portavoz del PSOE, Esther Peña, manifestó su desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de no considerar la malversación en la financiación del referéndum del 1-O como un delito amnistiable. Según el PSOE, esta decisión es una consideración política, sorprendente e innecesaria para la labor jurisdiccional del Tribunal.

Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas, señalaron fuentes de la Dirección del PSOE sobre la ley de amnistía.

La Decisión del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha decidido que la malversación no es un delito amnistiable y, por lo tanto, las órdenes de detención continúan vigentes para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín y Lluís Puig. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado promover una cuestión de inconstitucionalidad del delito de desobediencia por el que se condenó a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

La Postura del PSOE

El PSOE defiende la voluntad del legislador, recordando que el artículo 1.4 de la ley de amnistía establece que no se considera enriquecimiento la aplicación de los fondos públicos cuando no haya un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que el apoderamiento de bienes ajenos, en este caso, patrimonio público, comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista.

El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por 'quedarse con las cosas del otro', sino por 'quitarle a otro las cosas', puntualiza el alto tribunal.

La Discrepancia con el Tribunal Supremo

La única voz discrepante fue la de la magistrada Ana Ferrer, quien asegura que esta ley se aprobó para amnistiar exactamente los hechos por los que se condenó a Junqueras, Turull, Bassa y Romeva como autores de un delito de malversación.

Además, el PSOE sostiene que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea, ya que nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE. Por el contrario, el Tribunal Supremo cree que esta condición no se cumplió porque la ruptura de la integridad territorial de Europa encerró un grave peligro de afectación de los intereses financieros a los que se refiere la norma.

La Confianza en el Estado de Derecho

El PSOE asegura que la confianza en el Estado de Derecho es absoluta, ya que España tiene un sistema que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales.

No obstante, el PSOE celebra que el Tribunal Supremo no cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE. Además, el Tribunal Supremo renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE.